Probablemente, seguramente, casi ciertamente el juez del voto particular del caso de “La Manada” sea un mal juez, puede que regular persona y quizá hasta poco profesional. Su voto particular, discrepante de los otros dos magistrados, da vergüenza leerlo. El de los otros dos magistrados está pensado y argumentado y aunque se podrá discrepar de él -en función de argumentos técnico-jurídicos o procesales- tiene la agarradera de lo que han visto y oído en el proceso, incluido el famoso y penoso vídeo grabado por los integrantes de esa jauría denominada manada.–
La mayor parte de los opinantes no ha podido tener acceso a ese vídeo para fundamentar su opinión. De todas formas, la catadura moral de los cinco hombres que acorralan a una mujer para desahogar su bajeza en un estado bochornoso, humillarla hasta donde más se pueda, además robarle y dejarla finalmente abandonada, lo dice todo de esos miserables personajes. La palabra delito se queda corta.
Nada faculta a un ministro de Justicia para traspasar la frontera de la división de poderes y poner a los pies de los caballos a un juez determinado. Hay muchos mecanismos para salvaguardar la independencia judicial y expresar una opinión o comenzar un expediente. El ministro de Justicia Rafael Catalá se equivocó cuando expresó lo que ha retumbado en todos los juzgados y en la calle: "Todos saben que el juez que emitió el voto particular en la sentencia de La Manada tiene un problema; el CGPJ debería haber actuado". Lo podía haber dicho un portavoz de su partido político, un diputado o un senador, pero no el máximo representante del ejecutivo en materia de justicia. Crea un problema entre los poderes del Estado, en un momento tan delicado como el que ha dejado la polémica del ministro Cristóbal Montoro con el juez Llarena, con las acusaciones de malversación para conseguir las extradiciones de Puigdemont y compañía.
Pedro Sánchez se ha desmarcado de otros portavoces socialistas que apoyaron sin rechistar al ministro. “Una cosa es la sentencia, que tiene que ser criticada, y otra es entrar en acusaciones personales que no se aclaran" por parte del ministro. "No puede tirar la piedra y esconder la mano". Es una excelente precisión. Recurrir la sentencia y modificar la ley para que el coreado “No es NO” sea parte de la legislación es el camino.
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