Cuando se han visto las comparecencias ante el Senado o la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos del séptimo hombre más rico del mundo, del fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, o del ex director del FBI, James Comey, y se compara con la altanería y la posición escénica en la comisión de investigación correspondiente en el Congreso de los Diputados de Rodrigo Rato, de Esperanza Aguirre, o la inolvidable de Jordi Pujol en el Parlamento de Cataluña la comparación avergüenza.
En América el investigado se sienta lo más parecidamente a un acusado ante un tribunal: Sólo, ante una mesa y enfrente se encuentran sobre un estrado bastante elevado el conjunto de congresistas que formulan las preguntas. Las más famosas han servido para que la opinión pública española aprecie las diferencias. El senador demócrata por Illinois desde 1997, de 73 años, Richard Joseph Durbin planteó el quid de la cuestión de la privacidad: "¿Se sentiría cómodo si compartiera con nosotros el nombre del hotel en el que se hospedó anoche?" La segunda pregunta fue aún más incisiva: “¿Podría darnos el nombre de las personas con las que se ha mensajeado durante la última semana?” Las podría responder la empresa Cambridge Analytica, a la que Facebook traspasó la información sobre más de 70 millones de personas.
En España los comparecientes se sientan en la mesa junto al presidente de la Comisión y esa preeminencia les hace adoptar –y se lo permiten – un tono de altivez e incluso de insolencia, incompatible con su condición de investigados por el Congreso de los Diputados. Para ser creíble lo primero es cambiar el formato. La escenografía es fundamental. El investigado o compareciente lo hace frente a los representantes de los ciudadanos y debe estar abajo y frente a los diputados y senadores, no a su nivel. Tan chocante como la posición que se le dio a Rajoy cuando fue a declarar a un tribunal. El artículo 76 de la Constitución establece que el Congreso y el Senado podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto y sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, pero se establece que es obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, con las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Que lo sean de verdad, no de paripé.
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