Fue uno de los Padres de la Constitución americana el que dijo que “Todos los gobiernos descansan en la opinión”. Naturalmente se refería a la opinión pública. James Madison sabía que cuantos más individuos compartieran la opinión más fuerza tendría para imponerse. En el caso español actual la opinión ya ha derrotado al gobierno. Lo ha conocido y lo ha desahuciado antes de tiempo. Mucho antes de que culmine su mandato legislativo. No hay un pronunciamiento favorable en parte alguna, ni siquiera en los medios afines, salvo los que son de obediencia debida por la torticera dependencia pública, convertida en privada. La democracia representativa –las elecciones y la investidura- legó unos diputados y un gobierno en ejercicio, pero el descrédito aumenta por mes y el marasmo creado por los casos de corrupción, la degradación institucional y la crisis catalana, tan prolongada, sin que la autoridad del Estado gane la adhesión de una mayoría, han generado una profunda crisis de desconfianza. No de confianza, de desconfianza.
En su etapa de gobierno la mentira institucional ha ocupado una parte muy considerable del ejercicio del poder del ejecutivo Las medias verdades, la distinta denominación de lo que todo el mundo percibe enunciada como una cosa diferente y la ocultación cínica de lo que resulta tan escandaloso como palmario para la mayoría han llevado a la opinión pública a pensar que el gobierno y el partido que lo sustenta han tratado –por activa y por pasiva- de engañar.
Lo escribe Harry Frankfurt: “Al mentirnos, el mentiroso procura engañarnos para que creamos que las cosas son distintas de como son en realidad. Intenta imponernos su voluntad. Su objetivo es inducirnos a aceptar sus patrañas como si de una descripción exacta del mundo se tratase”. Ha sucedido con su propia financiación, especialmente la electoral, con el rescate bancario, con el cálculo cicatero de las pensiones, con las fuerzas dedicadas a la seguridad ciudadana, con el bloqueo y la paralización saducea del parlamento, con la probidad de sus cargos públicos defendida hasta lo indefendible, con la regeneración de la vida pública, con la separación de los poderes del Estado y con el conjunto de materias que ordenan el Estado, como un espacio público que pertenece al conjunto de la ciudadanía, y no al partido –una facción- que ha pretendido suplantar al todo, desde la televisión a la universidad.
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