Ante la nueva comunicación del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), “que lamenta que se cuestione constantemente a la interventora municipal”, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Javier Bello, "invita al presidente del Colegio a que mantenga un encuentro con el equipo de Gobierno para que conozca de primera mano la situación en la que se encuentran muchos asuntos importantes para la ciudad por el modo de operar de la Intervención municipal; y una vez tenga la información de ambas partes pueda hacer un juicio de valor correcto sobre los criterios de fiscalización que aplica en determinados asuntos, acarreando graves consecuencias para el avance del trabajo municipal".
Igualmente, Javier Bello quiere dejar "constancia de que el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros no tiene competencia o potestad para dictar a un Ejecutivo local la administración de su gestión diaria".
El teniente de alcalde emplaza a los representantes "del Colegio a que se pongan en contacto directo con los otros cuatro habilitados o funcionarios de habilitación nacional que trabajan en el Ayuntamiento de El Puerto y que les consulte directamente sobre el trato que reciben a diario del equipo de Gobierno, profesional y personal".
Javier Bello explica que "en ningún momento se ha pretendido cuestionar mediáticamente el ejercicio de las funciones legalmente previstas por los funcionarios de habilitación nacional, sino que la obligación de un equipo de Gobierno es responder ante los ciudadanos que son los sostenedores del erario público sobre cuestiones importantes que son paralizadas de forma reiterada, enrocándose sin solución".
Por último, el teniente de alcalde de Economía quiere dejar patente que "en ningún momento el Gobierno quiere evitar o limitar la fiscalización, al contrario, lo que persigue desde su constitución y así lo ha trasladado en reiteradas ocasiones es la fiscalización previa, recogida expresamente en la Ley de las Administraciones Locales, que permita una mayor agilización en todos los procesos administrativos y burocráticos, que redundaría en un gran beneficio en el interés general de la ciudad y en el servicio público que presta el Ayuntamiento a los ciudadanos".
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