El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado al Ministerio del Interior que facilite los test del COVID-19, así como los equipos de protección individual necesarios al personal penitenciario. En un escrito remitido a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Defensor del Pueblo responde, tras una queja del sindicato, que el 26 de marzo envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con estas peticiones. CSIF solicitó amparo de esta institución ante "la situación de indefensión" de los internos y del personal de Prisiones por la falta de medidas de protección frente al coronavirus.
Y en su respuesta, a la que ha tenido acceso Efe, el Defensor les informa de que ya envió hace días un escrito a Interior en el que “se hacía constar que dado que el personal penitenciario, tanto de vigilancia como sanitario, presta un servicio esencial a la comunidad era prioritario que se le facilitasen los dispositivos de detección del COVID-19 así como los equipos de protección individual necesarios para su trabajo”.
CSIF avisa de que Interior aún no ha facilitado los medios de protección suficientes y que hay prisiones como las de El Puerto de Santa María donde aún no han llegado los medios y se protegen gracias a mascarillas fabricadas por una comunidad de religiosas.
“En líneas generales, el material es insuficiente, e incluso se han llegado a proporcionar mascarillas caducadas; el personal usa mascarillas durante tres días seguidos con el riesgo que ello conlleva”, denuncia el sindicato que añade que tampoco se están facilitando los test de detección del virus. Según su datos, más de 1.000 empleados públicos penitenciarios están de baja por haber dado positivo o estar en cuarentena y más de un millar de internos se encuentran en aislamiento sanitario.
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