El debate abierto por Vox para que los centros escolares garanticen la libertad de los padres a elegir los contenidos ideológicos que reciben sus hijos ha dividido el espectro político entre quienes lo consideran censura (PSOE y Unidas Podemos) o un derecho de las familias (PP, además de la formación de Santiago Abascal). Pero la comunidad educativa no presenta fisuras en cuanto al rechazo generalizado al denominado pin parental. En Cádiz, al menos, ninguna.
La polémica suscitada por el requerimiento del Gobierno central a la Región de Murcia para que retire la medida, implantada a principios de este curso, ha servido para advertir del rumbo que puede tomar en Andalucía la lucha soterrada que mantienen dos asociaciones provida contra profesores, padres y madres desde hace unos meses. Hazte Oír puso en marcha la campaña Mis hijos, mi decisión, apoyada por la plataforma acTúa Familia, para pedir “a Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera que implanten en todos los centros educativos la solicitud de información previa y consentimiento expreso para garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos sin adoctrinamiento afectivo-sexual en las aulas”. Porque, remarcaban, “eres tú quien tienes el derecho a educarlos y no los activistas ni los políticos”.
De manera inmediata, la Junta de Personal Docente de Cádiz, formada por los sindicatos Ustea, CCOO, CSIF, ANPE, CGT, APIA y UGT, aprobó una resolución para pedir la retirada de la iniciativa porque Hazte Oír “no hace más que tergiversar, intentar manipular a la ciudadanía, malinterpretar las leyes, discriminando así a los colectivos que no responden a su modelo de familia o de relaciones de pareja”. El documento alertaba, asimismo, de que la organización “deja mal paradas a las mujeres y al colectivo lgtbi+”, y lamentaba que “el odio y las faltas de respeto son más que evidentes en estos materiales y en sus argumentos”. Hoy, la postura no ha variado. “Lo que verdaderamente pretenden es destruir la escuela pública, atemorizar al profesorado y que su doctrina impere con el pensamiento único ultraderechista”, afirma David Vargas, de Ustea. Tampoco la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Cádiz (Fedapa) duda en su no al veto.
La presidente, Leticia Vázquez, lamenta el revuelo formado y señala que los contenidos de las actividades complementarias, organizadas por el centro durante el horario escolar, de acuerdo con el proyecto curricular, y obligatorias, que HazteOír ha puesto en el disparadero, son propuestas por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), en colaboración con la Jefatura de Estudios y Vicedirección, en el Plan General de Actividades y aprobadas por el Consejo Escolar. Todo lo impartido está revisado y consensuado y puesto a disposición de padres y madres para su consulta en el Plan de Centro. De hecho, hasta ahora, no ha habido problemas al respecto. Lo aseguran fuentes consultadas del cuerpo de inspectores educativos y, según la Agencia EFE, el Gobierno andaluz no tiene “constancia de denuncias”.
Pedro Mejías, portavoz provincial de acTúa Familia niega la mayor. Sostiene que se hurta información a los padres y madres sobre las actividades, que hay familias que han trasladado sus quejas a la plataforma y carga contra las asociaciones de gays y lesbianas que invitan a los estudiantes a explorar sus cuerpos y transmitir “contenidos moralmente controvertidos”. Apunta, entre otras, a la Asociación Arco Iris, contra la que Hazte Oír batalla desde hace mucho tiempo.
Su presidente, Félix Jawara, profesor de Secundaria, con catorce años de experiencia en cooeducación, explica que el problema es que hay asociaciones que siguen considerando que la homosexualidad “es un estilo de vida o un vicio, algo contagioso, y tienen miedo”, pero los contenidos de las actividades complementarias que imparten van encaminados a transmitir valores de respeto y tolerancia, prevenir el acoso por homofobia, bifobia y transfobia y visibilizar la diversidad humana.
Elena Callealta, docente experta en igualdad de género y terapeuta emocional, como Jawara, con cinco trienios en su currículum, aclara sobre su labor: “La educación sexual que impartimos consiste en que los estudiantes conozcan las partes de sus cuerpos, cómo lavarlas, el riesgo y la manera de evitar las enfermedades infecciosas, y en fomentar el respeto a uno mismo y a la otra persona en las relaciones”. O dar herramientas para denunciar los abusos. Como apostilla la portavoz de Fedapa, “nadie realiza tocamientos en las charlas ni se orienta sexualmente a ningún alumno”, tal y como sugieren algunos vídeos que circulan en las redes sociales.
“Hay que combatir los tabúes y la desinformación”, remacha Jawara, y responde que no a si le preocupa el debate abierto por Vox: “Es una oportunidad para que la sociedad decida si queremos educar a nuestros niños y niñas en y desde el odio o, por el contrario, queremos educarlos en y desde la libertad”.
Sin problemas en Andalucía
Solo Cataluña, La Rioja y Madrid han registrado alguna queja de familias por las actividades que se imparten en los centros escolares, según informa la Agencia EFE. En Andalucía, donde “la Junta no tiene constancia de denuncias”, el presidente autonómico, Juanma Moreno, ha asegurado que, desde hace mucho tiempo, se pide a los padres autorizaciones para muchas actividades, lo que se hace “con absoluta normalidad”. En esta comunidad hay grandes profesores y profesionales en la docencia que cumplen con su cometido y no existe, “salvo casos muy excepcionales, una manipulación intencionada o situaciones”, ha explicado.
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