El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha procesado a Daniel Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, y otras siete personas en una pieza separada del caso ERE de la que ha excluido a los también ex directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos juzgados en la pieza política.
En un auto del 27 de noviembre, el magistrado acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado contra los ocho investigados al entender que los hechos, relativos a las ayudas por un importe total de 1.837.229,88 euros que la Junta concedió a la empresa Saldauto Sevilla, podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.
También acuerda continuar el procedimiento contra Saldauto Sevilla y Vitalia en calidad de responsables civiles subsidiarios.
Según ha informado a Efe la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los ocho investigados son Rivera; Ramón Díaz, que fue su asesor en esta Dirección General; el consejero delegado de Saldauto; tres 'intrusos' o "terceras personas que nunca habían tenido relación laboral" con esa empresa y dos representantes de la mediadora Vitalia.
El magistrado explica que en esta pieza no es posible depurar posibles responsabilidades penales ni procesar al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, a Guerrero y a Márquez porque ya fueron encausados por estos hechos en la pieza política de los ERE.
En este sentido, el juez José Ignacio Vilaplana rechaza la petición de sobreseimiento planteada por la defensa de Rivera "por la sencilla razón" de que este ex director general "no ha sido enjuiciado en la causa del denominado 'procedimiento específico'".
"La no exclusión" de Rivera de las piezas separadas relativas a las ayudas concedidas a distintas empresas "y la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación (...) por haber realizado pagos de las ayudas concedidas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión ha sido ya destacada en diversas resoluciones" por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, expone el instructor.
Por ello "debe depurarse la posible responsabilidad penal en que hubiese incurrido en cada una de las piezas", prosigue el juez, que añade que "concurren sólidos indicios" de que durante su mandato como alto cargo "se concedieron y realizaron de manera injusta y arbitraria diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas".
El objeto de esta pieza separada es "la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales" facilitadas por la Dirección General de Trabajo a Saldauto Sevilla por 1.837.229,88 euros, de los que 1.637.229,88 se otorgaron para financiar las prejubilaciones voluntarias de ocho trabajadores, tres de los cuales eran intrusos, "sin vinculación con ERE alguno".
La Junta financió ese plan "mediante el pago y suscripción de una póliza de seguros de rentas colectivas de supervivencia" a través de la aseguradora Apra Leven, mientras que Vitalia actuó como mediadora.
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