El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha presentado este martes un informe al Consejo de Gobierno con los datos recogidos sobre las ayudas a los trabajadores y empresas afectadas por los ERE. En él se unifica la información de las consejerías de Empleo y Hacienda y de los Servicios Jurídicos.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha conseguido recuperar tan sólo 15 millones de euros y hay otros 25,3 millones más que se ganaron en los tribunales pero que no volverán a las arcas públicas por la extinción de las sociedades demandadas, fallecimiento de personas o insolvencia.
Para colmo, según este informe, la Junta da por perdidos 71 millones de euros, divididos en 10,5 millones que ya han prescrito a pesar de que se reconocía la nulidad de las ayudas; 25 millones por insolvencias de personas o empresas; y 35,5 millones que el gabinete jurídico o el Consejo Consultivo han considerado que no procede llevar a cabo ese oficio.
Por ello, el Consejo de Gobierno quiere poner medidas correctoras para que un caso así no vuelva a suceder. De ahí que se estudie si pedir responsabilidades administrativas a los 19 condenados por el caso ERE. Además,el Ejecutivo autonómico está trabajando también para intentar no abonar ninguna cuantía a las defensas de los condenados.
Por el momento, se han pagado 402 millones de euros por las pólizas de las ayudas de los ERE y tiene pendiente de pago otros 63 millones hasta 2025, según ha anunciado Bravo. En esos 63 millones están incluidos los 37 que ya advirtiera una semana antes el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín. Para intentar reclamar las cantidades percibidas, en el plano administrativo se han tramitado 218 expedientes de revisión de oficio, de los que 91 se han discutido en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa, con 28 sentencias favorables por 18 millones y 20 expedientes en espera de sentencia, por 13,7 millones. Hay 96 expedientes finalizados mediante una orden o resolución de la Consejería de Empleo declarando la nulidad de las ayudas y la devolución de las sumas, por 36,1 millones.
Por último, en la vía del Tribunal de Cuentas, la reclamación asciende a 118 millones, aunque será complicado recuperar gran parte de esto, mientras que hay sentencias favorables que suman 17 millones.
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