La presidenta de Puertos del Estado, Ornelia Chacón ha puesto en marcha los trabajos para elaborar el nuevo Marco Estratégico del Sistema Portuario español. El documento recogerá las líneas básicas del modelo de desarrollo, los criterios de actuación así como los objetivos generales a conseguir por parte de los 28 puertos de interés general, de los cuales 7 son andaluces. En definitiva, se pretende actualizar su ámbito organizativo dado que el anterior documento data de 1998 y ya se encuentra ampliamente superado por la realidad actual. Se quiere, además, con esta iniciativa, definir lo que el Ministerio de Fomento llama la “cultura compartida” que recoja principios y valores que debe tener el conjunto del sistema portuario español.
Es aquí en donde se presume que se tendrá que hilar fino para conseguir que los puertos fijen unos principios básicos de colaboración y entendimiento y que, desde luego, se respeten. Y es que, en la actualidad, la relación entre ellos se ha visto maleada por el cruce de intereses contrapuestos hasta el punto de entrar en conflicto abierto entre ellos, arrebatándose líneas y tráficos. La competencia no sólo estriba en la aplicación de notables rebajas en las tarifas sino en prácticas poco transparentes en busca de conseguir el asentamiento de determinadas empresas navieras. Se está implantando la ley de la selva en donde se impone el cortoplacismo fruto de los respectivos planes de negocios de las autoridades portuarias, una desatada rivalidad que amenaza la supervivencia de los más débiles, sin límite o tipo de control alguno.
De esta forma, el modelo se está configurando sin coordinación alguna, sin tener en cuenta las especificidades de cada uno de los puertos andaluces. La resultante es un panorama dominado por los intereses de las navieras, muy por encima de las denominadas Autoridades Portuarias, como se ha dicho, cada vez menos Autoridad y más, en cambio, a merced de terceros que no tienen que responder a estrategias comunes. En definitiva, se pelean entre ellos, como lo hemos comprobado recientemente con los puertos de Huelva y Sevilla y ahora, más recientemente, con el de Cádiz que sufre una alarmante pérdida de tráficos a cuenta de ésta pugna.
Está bien eso de crear otro marco estratégico que dibuje un nuevo escenario en el que desarrollar el negocio portuario con miras lógicas y colaborativas, pero el riesgo está en que cuando llegue a elaborarse al cabo de los años sea imposible de hacerlo realidad. El desorden es más que evidente y lo más grave es que a Andalucía le va mucho en ello. Puede, incluso, que se imponga un mapa de infraestructuras que nos deje descolgados de los grandes ejes del transporte ferroviario europeo. Se requiere el libre juego de la competencia empresarial, por supuesto, pero debe haber, también, arbitraje y planificación común para conseguir un sistema portuario renovado y en equilibrio.
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