La información facilitada el pasado jueves en sede parlamentaria por la consejera de Salud sobre las inspecciones que la Junta habría realizado meses atrás en clínicas de iDental (de 145, 112 serían anómalas), ha levantado las sospechas del despacho de abogados Isbylex, que representa a unos 200 afectados de Sevilla. Según la abogada Mónica García, “si efectivamente se han hecho inspecciones que no se han hecho públicas, deberíamos ver las responsabilidades que haya en cada caso”.
García espera que se hagan públicas “para saber qué ha pasado, que tipo de denuncias se han hecho y qué resultado han tenido”. “No puede decir que ya las hizo y no haber avisado”. De todas formas, “en el procedimiento que tenemos ante Consumo tendremos que hacer algún tipo de reclamación ante la Junta, o incluso en el mismo procedimiento judicial”.
Para este despacho, la responsabilidad es más clara para el Colegio de Odontólogos “por no vigilar este tipo de clínicas”. Incluso, dice, “ya está avisando de otro tipo de cadenas que van a terminar en la misma situación. Entiendo que debería tener una responsabilidad o ayudar a estas personas en cierta forma”.
Sin embargo, García critica que esta entidad sólo se ha limitado a recomendar a los dentistas sevillanos rebajas en los servicios que presten a los afectados.
En cualquier caso, esta abogada asegura que el consumidor debe estar protegido en todas sus vertientes, “ya sea en la penal y que luego se derive en una indemnización, ya sea en salud pública y que sea la Junta la que responda, o bien por los seguros que debería haber tenido iDental y que el Colegio de Odontólogos debería haber vigilado que estuvieran todavía en vigor”.
Sin embargo, en cuanto a la última vertiente, García advierte que “no tenemos constancia que existan o que hayan existido y estén aún en vigor”.
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