El pasado 8 de marzo asistimos a una arrolladora movilización, de contagiosa emoción e inspiradora empatía hacia quienes hasta ahora habían permanecido un poco al margen de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Aquella jornada ya ha marcado un antes y un después y, a partir de ahora, solo cabe esperar a que las reivindicaciones y las promesas confluyan y se materialicen por vía legislativa, pero también por la vía del compromiso social, que por supuesto va más allá de colocarse un lazo violeta en la solapa de la chaqueta.
Este sábado, decenas de miles de personas -en su mayoría jubilados y pensionistas- se sumaron a las convocatorias desarrolladas en las principales ciudades de España para reclamar al Gobierno unas pensiones dignas que pongan fin a la pérdida de poder adquisitivo entre sus beneficiarios. Esa es, en todo caso, la versión resumida, apenas la superficie de una realidad formada por sucesivas capas en las que puedes encontrar desde los abuelos que, asfixiados, tienen que hacerse cargo de los gastos de toda la familia, hasta el matrimonio que renuncia al copago de los medicamentos o a encender la calefacción porque hay otras necesidades primarias que suben al ritmo del IPC.
Este domingo está prevista otra movilización a nivel nacional para evitar la derogación de la prisión permanente revisable, bajo el lacerante recuerdo del pequeño Gabriel, pero también del de Diana Quer, Marta del Castillo o Mariluz Cortés. Hasta tres millones de firmas recogidas en toda España reclaman su mantenimiento a los grupos del Congreso de los Diputados, sin olvidar las encuestas en las que hasta un 75% de los españoles respaldan la polemizada ley, entre los que deben encontrarse muchos de los votantes de los partidos que se muestran en contra.
Apenas han transcurrido once días entre la primera y la tercera de las movilizaciones, y todas ellas tienen algunos rasgos en común: parten de colectivos que han encontrado una respuesta masiva y espontánea entre la ciudadanía; han convertido en asunto de Estado una serie de debates instalados con más o menos fuerza entre la opinión pública; y han dejado en fuera de juego a las principales fuerzas políticas a la hora de tomar posiciones en uno u otro sentido, pese a los intentos por desprestigiar o desmerecer cada causa en función de los intereses particulares.
Pueden tomar como ejemplo la reacción de PP y Ciudadanos el 8 de marzo una vez que fueron conscientes de las dimensiones alcanzadas por la movilización feminista -no la que va contra el hombre, sino la que defiende la igualdad entre mujeres y hombres-, o la de la propia formación naranja a la hora de reposicionarse sobre la prisión permanente después de impulsar en su día la derogación, o la de los grupos parlamentarios que mandaron a segundos espadas a debatir una cuestión tan delicada como ésta, capaz de deshacer de nuevo las costuras del PSOE, empeñado ahora en prestigiar a su parlamentario Juan Carlos Campo -diputado por la provincia de Cádiz, por cierto- en una operación que, más aún, lo que pretende es aliviar la imagen del propio PSOE.
Y debe haber nervios dentro de cada partido. A fin de cuentas es la voz de la calle, la multitudinaria voz de la calle, la que solo les interesa cuando corresponde a su conveniencia -a la conveniencia de Podemos, por ejemplo, que es quien parece poseer la patria potestad en esta cuestión- y la misma que vinculan a determinadas siglas cuando se produce el vano intento por desprestigiarla: ocurrió con el manifiesto feminista del 8M y puede que ocurra lo mismo con los que se leyeron ayer en las manifestaciones de los jubilados; lo que no parecen entender es que quien se suma a esas movilizaciones no lo hace bajo el discurso de dichos manifiestos, sino motivados por unas circunstancias especiales e injustas para las que cada uno cuenta con su propio discurso interior. Sumados todos hacen la voz de la calle, siempre tan alejada de los despachos, siempre al asalto y siempre precavida ante los que intentarán por todos los medios hacerle la pelota.
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