La facilidad y el entusiasmo público con el que desde instancias municipales se reciben las subvenciones y las ayudas sociales -casi siempre externas al Ayuntamiento-, paradójicamente, cuando la responsabilidad directa de responder influye a éste, se muestra el lado menos veleidoso de la Administración. De las fotos, encuentros, sonrisas y visitas correspondientes se da paso a la desinformación, a la burocracia excusativa y a la espera. La eterna espera.
El área de Bienestar Social, la que comanda el socialista Ángel González, cierra un año caótico y complejo como pocos. Que más allá del desbordamiento e incapacidad de dar respuesta a la cantidad ingente de demandas -muchas alentadas por las mismas políticas populistas que lo encorsetan-, acaba 2017 con denuncias y hartazgo de los mismos que padecen el día a día en su sede: sus trabajadores. Empleados públicos que, obligados por las circunstancias, se vieron en la tesitura de denunciar públicamente la cruda realidad de capear una situación que no halla respuesta por más que pase el tiempo. Filtraciones de documentación oficial, amenazas a funcionarios y enfrentamientos directos ha sido el sino de una concejalía que debiera haber sido, por su concepción, la que respondiera a unas necesidades básicas y elementales para los ciudadanos más necesitados.
Eso sus trabajadores, los usuarios que acuden al auxilio de la Administración, encuentran, de igual manera, otro rosario de eventualidades antes de hallar una satisfactoria solución. Con el cierre anual, Bienestar Social sirve de icono perfecto de superación institucional, de incapacidad resolutiva en el que parece haberse instalado este Consistorio portuense.
La de un Ayuntamiento sujeto a la más mínima posibilidad de dar respuesta y sentido a su gestión.
Más allá de sus pretensiones sociales, lo básico a día de hoy es complejo de ser respondido por un área desbordada y señalada por los continuos problemas que ha ido acarreando y sumando. Y es que si 2017 ha sido nefasto, las previsiones para el año nuevo no son nada halagüeñas. Los usuarios que necesiten de medidas concretas y urgentes de ser atendidas, tendrán que esperar hasta el mes de febrero para que éstas sean correspondidas. Y todo esto cuando el presente da sus últimos coletazos para acabar.
Dejación y superación
El problema no se soluciona, se pospone y se alarga, como la temática de la infravivienda y de los desahucios que continúan estando presentes en numerosas familias. O la propia Oficina de Intermediación sobre Desahucios (OID) que también ha padecido durante meses sus propias trabajadoras sin cobrar la subvención y compartiendo problemas con sus mismos usuarios. O que tres años después de inaugurarse el Centro de Emergencia Social de La Florida que da cobijo a la asociación Anydes y que sirve de albergue, la realidad de entonces, donde se celebró después de años de lucha para dar dignidad a los más necesitados, ha visto como se ha cerrado sus puertas ante la falta de subvención municipal.
Algunos ejemplos gráficos que necesitan de explicaciones y de una respuesta acorde a las expectativas creadas por los que anunciaron soluciones y que o bien no han hallado o inclusive han incrementado un problema.
Escoltados mientras están trabajando
La calidad del servicio se ha visto perjudicada por la cruda realidad con la que se encuentran los trabajadores de Bienestar Social, sujetos a la vigilancia policial ante los episodios violentos y de confrontación con los que ha ido encontrando de un tiempo a esta parte. La realidad compleja es tal que deben estar escoltados por miembros de la Policía Local para realizar sus funciones, ante el desborde y presión con la que ejercen sus faenas. Estas escoltas serán sustituidas por cámaras de vigilancia.
Los trabajadores instaron en marzo al propio Ayuntamiento a que se “evitara ofrecer cobertura institucional a colectivos de dudosa constitución”.
En 30 folios enumeraban con un dossier los ataques y presiones de las que han venido recibiendo, denunciando los insultos y amenazas de miembros municipales, acusando de “vulnerar la privacidad de comunicaciones y documentos internos”.
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