El propietario de Grupo Jale, José Antonio López Esteras, ha presentado ante el Fiscal Jefe Anticorrupción una denuncia contra J.J Ibáñez, presidente de Urbas Grupo Financiero SA, por haber "secuestrado" la propuesta de convenio para Grupo Jale y con ello "frustrar el convenio de acreedores".
Según la denuncia de López Esteras, éste basa su denuncia en que las Cortes Españolas "promulgaron la Ley Concursal con el fin esencial de la satisfacción de los créditos de los acreedores, fin esencial del concurso; y la continuidad de la actividad de la concursada".
Ha explicado en su denuncia que el 30 de marzo de 2011 López Esteras firmó junto con dos de sus hijos un acuerdo marco con Urbas Guadahermosa SA, hoy Urbas Grupo Financiero SA, por el que esta mercantil que cotizaba en Bolsa adquiriría el cien por cien de las acciones de Grupo Jale y se comprometía a su adquisición con una serie de compromisos como "realizar una propuesta aceptada para los créditos contra la masa", ante lo que ha criticado que Urbas "no realizó dicha propuesta aceptada para los créditos contra la masa".
También se comprometían a suscribir un preconvenio de acreedores con el 51 por ciento de adhesiones de la deuda ordinaria antes del 31 de julio de 2011 "pero Urbas sólo redactó una propuesta anticipada de convenio que fue presentada 69 días después de haberse cerrado el plazo legal, por lo que eran conocedores de que no era válida por fuera de plazo".
Ha lamentado que Urbas "aun a pesar del compromiso de que debía llevar el 51 por ciento de adhesiones, no presentaron ni una sola adhesión".
También se había comprometido a la realización de convenio de acreedores en los plazos previstos por la Ley.
López Esteras ha denunciado que Urbas "maliciosamente presentó fuera de plazo la propuesta anticipada de convenio y como ellos sabían, fue devuelta 89 días después de ser presentada y en lugar de ese mismo día volver a presentarla por estar ya el plazo legal de presentación de propuestas de convenio abierto, optaron por secuestrarla y no presentarla nunca más".
Asimismo, en ese preacuerdo, se contempla "la refinanciación de parte de la deuda privilegiada", pero ha lamentado que Urbas "tan sólo nos consta que tuvo una reunión a la que el denunciante estuvo presente con altos directivos de Banco Popular, pero no nos consta que hubiera habido ninguna otra".
También contempla la comunicación de este acuerdo marco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como hecho relevante "pero increíblemente Urbas también aquí infringió lo establecido por la CNMV de comunicar como hecho relevante el que una empresa cotizada con pérdidas anuales de más de 30 millones y que su valor en Bolsa no superaba los 20 millones, adquiriera el compromiso de emitir bonos convertibles por casi 200 millones de euros".
Ha añadido que también hubo el compromiso entre las partes de la designación de un consejo de administracion, "donde cumplió con su compromiso y cesó voluntariamente de su cargo en Grupo Jale y mediante una serie de errores materiales nombraron miembros del consejo de administración de Grupo Jale, al presidente, secretario y uno de los vocales de Urbas Guadahermosa SA, que fueron los que meses más tarde secuestraron la voluntad soberana de los accionistas negándose a convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y con ello impunemente secuestrar la propuesta de convenio y frustrar el convenio de acreedores de Jale y así infringir el mandato de la Ley Concursal".
Ese preacuerdo contempla que "se entiende que el informe de la administración concursal sustituye a la 'due dilligence'", pero ha lamentado que "dos meses más tarde de la firma de este acuerdo marco, la administración concursal presentó el informe definitivo que fue ratificado por el Juzgado de lo Mercantil con unos importes que los dueños de Urbas incluyeron en su propuesta de convenio de acreedores de Grupo Jale, por lo que todos los acreedores habrían visto satisfechos sus créditos y además Grupo Jale con los 308 millones de activos sobrantes habría seguido con su actividad empresarial, cumpliendo con ello los motivos esenciales de la Ley Concursal".
"Nada de esto ocurrió pues de los seis compromisos contraídos, los denunciados solo cumplieron con la farsa teatral de presentacion de la propuesta de convenio presentada fuera de plazo y sin el 51 por ciento de adhesiones y al secuestrar dicha propuesta de convenio meses más tarde y mediante una presunta trama organizada llevaron al expolio de los activos de Grupo Jale, que lleva casi 10 años afectando a casi 9.000 ciudadanos", ha añadido López Esteras.
Por todo ello, el dueño de Grupo Jale solicita en su denuncia al Fiscal Jefe Anticorrupción "que se investigue en donde se encuentra la propuesta de convenio de acreedores que se presentó en julio de 2011; que se investiguen los presuntos delitos perpetrados por los gestores y se depuren responsabilidades penales; y que se esclarezca quienes formaban parte de la trama organizada para frustrar el convenio y no satisfacer las deudas".
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