La Junta no abrió ningún procedimiento sancionador sobre maltrato animal en la pasada Romería del Rocío derivado de levantamiento de acta por parte del dispositivo veterinario del Plan Romero, aunque sí se realizaron 16 apercibimientos verbales sobre animales fatigados que fueron atendidos por los propietarios de forma "inmediata".
Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, en una respuesta escrita a una pregunta formulada por la diputada de Podemos Mercedes Barranco en la que precisa que durante la Romería del Rocío de este año han muerto diez caballos y un buey, según los veterinarios del Plan Romero.
En la respuesta de Sánchez Haro, a la que ha tenido acceso Europa Press, se informa de que en la Romería de 2016 se incoó un expediente sancionador derivado del levantamiento de acta, del cual se ha dictado resolución con fecha de 3 de mayo de 2017, en la que se acuerda el sobreseimiento del proceso con archivo de las actuaciones, al no ser posible la exigencia de responsabilidad administrativa de la persona denuncia en los hechos.
Asimismo, el consejero explica que el equipo veterinario del Plan Romero acude a todas las llamadas sobre fallecimientos y denuncias de bienestar animal. En todos los casos, se descarta la presencia de procesos de etiología infecciosa y se procede a la identificación del animal y su propietario.
En las denuncias por bienestar animal se realizan las comprobaciones pertinentes para determinar en qué grado ha podido estar comprometido el bienestar del animal implicado, levantando acta de inspección y tramitándola en la Delegación Territorial de Agricultura para posibles acciones posteriores.
Para la diputada de Podemos, la muerte de caballos y otros equinos en la Romería del Rocío sigue un problema de "considerable magnitud" que preocupa cada vez más a la sociedad. "Aunque se estima que aproximadamente 20.000 caballos, mulos, burros y bueyes recorren cada año esta romería, es inaceptable que mueran todos los años una decena de ellos", ha asegurado.
Tras culpar de estas muertes al comportamiento "salvaje y sin escrúpulos de unos cuantos individuos", Barranco ha apuntado que la protección y el bienestar de los animales, así como la tenencia responsable de los mismos "es una obligación cívica y legal, además de ser una responsabilidad de las administraciones velar por el cumplimiento de la legalidad".
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