A cuenta del concurso público negociado de recogida de residuos urbanos y de limpieza viaria (unos seis millones de euros, uno por mes), se vuelve a reafirmar la difícil situación del equipo de gobierno en minoría que dirige David De la Encina.
Hace un año, y en vista de que el Pleno no aprobó el pliego de condiciones para acceder al concurso de recogida de basuras (Levantemos El Puerto ya no estaba en el gobierno municipal), se prorrogó en un año.
Este 31 de mayo de 2017, concluyó la prórroga. Ante este panorama, De la Encina pregunta a Intervención acerca de la posibilidad, por medio de negociado, de contratar otros seis meses más este servicio.
Es entonces cuando, el 12 de abril de 2017, María Dolores Guerrero -viceinterventora municipal- realiza un informe, al que ha tenido acceso Viva El Puerto, donde se recoge que “el contrato vigente termina el 31 de mayo de 2017, tras la prórroga otorgada por el Pleno con fecha 30 de mayo de 2016 a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas.
Momento a partir del cual el Servicio de Medio Ambiente debió ultimar el procedimiento para someter al Pleno un nuevo expediente para la prestación del servicio.
Sin embargo, al no haberse terminado el expediente con el tiempo suficiente, se deduce que el procedimiento abierto se ha tramitado sin la previsión y antelación suficiente que permitiera la modificación y nueva presentación ante el mismo órgano de contratación. La falta de previsión da lugar a que exista urgencia en la tramitación de un nuevo procedimiento de licitación”.
A lo largo de ocho páginas se expone en dicho informe que “puesto que se trata de un servicio mínimo obligatorio establecido en el artículo 26.1 b) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”, y avisa del incumplimiento y de que pudiera estar haciéndose fuera de la ley.
La viceinterventora municipal, María Dolores Guerrero, realizó en el mencionado informe una valoración negativa sobre el procedimiento negociado del servicio de limpieza viaria en el que detallaba lo que marca y exige la ley que, por cuantía y duración, debe ser adjudicado mediante concurso público.
Cosa que no se ha realizado, ya que por la cantidad a la que se refiere, unos 12 millones de euros anuales, el Pliego debe ser publicado en el DOCE (Diario Oficial de la Comunidad Europea) con los correspondientes tiempos para que puedan presentarse las empresas que lo estimen oportuno. Recordemos que el plazo de este nuevo negociado concluye el 15 de noviembre de 2017, pero antes debe ser el Pleno el que apruebe el pliego, asunto complicado para De la Encina que gobierna en minoría.
Es la propia viceinterventora la que alerta al alcalde de la irregularidad y de las presumibles consecuencias que pudiera tener si se considera que éste ha efectuado un acto contra el informe de la habilitada nacional, es decir que, llegado el caso a considerarse, se podría cometer un delito de prevaricación.
Renuncias personales
La relación, más allá de lo estrictamente profesional, se ha visto desgastada en el tiempo de una manera evidente ante las diferencias que se han marcado no solamente con De la Encina, sino también con la ex concejal socialista Silvia Valera (ya dimitida), y que abocaron finalmente, junto a otros asuntos, al adiós de la ex edil socialista.
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