El equipo de Gobierno convocaba este lunes una Junta de Portavoces para trasladar a la oposición importantes asuntos de gestión que elevará al próximo pleno extraordinario, previsto para la semana que viene con varios puntos en el orden del día.
“Cumplimos así el compromiso de transmitir a los grupos municipales información de primera mano sobre temas importantes y de calado, habiendo contado también con el asesoramiento de personal técnico”, ha indicado que el primer teniente de alcalde Antonio Fernández, quien destaca que una de las primeras cuestiones abordadas ha sido la liquidación de las sentencias de Suvipuerto y el futuro más inmediato de esta empresa municipal.
La presidenta de Suvipuerto y teniente de alcalde delegada de Vivienda, Matilde Roselló, exponía las gestiones realizadas por el Gobierno, “las mismas que han supuesto una importante reducción de las sentencias que la empresa municipal debe pagar por fallos de construcción y que ahora nos toca liquidar”.
Otro punto abordado ha sido la modificación puntual de la ordenanza fiscal de la tasa de apertura, motivada por la implantación del Casino Bahía de Cádiz en el centro de la ciudad y justificada por una sentencia del Tribunal Supremo emitida en 2009 donde se recoge que “una tasa no puede exceder el coste total del servicio, y en el caso de la tasa de apertura del Casino nos hemos encontrado con una cuantía excesiva que debemos resolver para facilitar a las empresas la puesta en marcha de su actividad económica”, ha señalado el alcalde David de la Encina.
En otro orden de cosas, y de cara a la Feria de Primavera el Gobierno ha trasladado el convenio acordado con Osborne para la portada del recinto ferial. El acuerdo alcanzado permitirá a la ciudad contar con el mítico toro de Osborne para la portada de Feria en 2017 y 2018 por un importe de 50.000 euros.
Al respecto el primer edil asegura que “con este acuerdo conseguimos un ahorro muy importante en el gasto que supone al Ayuntamiento contratar e instalar la portada cada año, un coste que oscila en torno a los 60.000 euros anuales y que con Osborne hemos cerrado en 50.000 euros por dos años”.
La operación debe pasar por Pleno ya que supone comprometer el gasto en el presupuesto municipal de 2018 y por ello necesita la aprobación de la corporación municipal.
Por último, la Junta de Portavoces trataba la constitución de la comisión de investigación acerca de los hechos denunciados en la resolución firmada por el presidente de la Junta de Personal en fecha 31 de marzo de 2017, tal y como se aprobó por unanimidad el pasado Pleno ordinario con el objetivo de aclarar lo sucedido con la plantilla del área de Bienestar Social.
En los próximos días los grupos municipales deberán nombrar a titulares y suplentes para determinar las personas que integrarán la comisión.
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