El derecho de todo ciudadano a tener una vivienda digna debiera no ser un artículo dogmático que recoja sin más la Carta Magna, tendría que valer para garantizar a éste el poder vivir de una manera digna, real y justa.
De igual modo, la responsabilidad política se antoja clave para garantizar el cumplir de una ley que debe imperar sí o sí y no convertirse en cómplice de los más elementales principios democráticos, éticos y legales.
La empresa municipal de la Vivienda, Suvipuerto, ha sido el mejor ejemplo ilustrativo de la irresponsabilidad y del derroche de dinero público de un tiempo a esta parte. Salvada in extremis y servida como arma arrojadiza al anterior equipo de Gobierno, Suvipuerto es la muestra ejemplarizante de las andanzas políticas de la incapacidad llevada a la máxima.
El que debiera haberse convertido en el protector y guardián de su mantenimiento la ha desactivado, convirtiéndose en el autor material de un integrismo peligroso y hasta cierto punto denunciable al no haber ni sabido ni pretendido salvaguardar los intereses, a sabiendas, de hacerse cumplidor con sus obligaciones: las que marcan su objetivo, cobrar por un servicio a unos inquilinos a los que para más inri se les ha encomendado no sufragar por utilizar y vivir en unas viviendas.
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