El pasado miércoles, la plataforma “Apemsa no se vende” presentó en el registro municipal una denuncia por presuntos fraudes en la empresa municipal Apemsa y en los que habría infringido la concesionaria Aqualia. Desde la plataforma se afirma que “los hechos abarcan desde las infracciones por vertidos de aguas residuales superando ampliamente los límites de contaminación legalmente establecidos con claro incumplimiento del contrato de prestación de servicios, hasta facturar un 20% de más en relación con el agua realmente tratada”. Esta denuncia se presentó después de que miembros de la plataforma hayan estado encerrados durante trece días en el Ayuntamiento y que finalizó con una manifestación hasta la Plaza del Polvorista.
La plataforma adjuntó a la denuncia las analíticas de las aguas vertidas a la bahía realizadas por un auditor externo contratado por la misma Apemsa, “de las que se deduce que la EDAR Las Galeras supera sistemáticamente todos los parámetros legales de referencia”. También aseguran que “Aqualia-FCC ha venido certificando un volumen de aguas depuradas superior en un 20% al realmente depurado, lo que ha supuesto un sobrecoste de unos 500.000 euros por un trabajo no realizado”. Acusan, además, a los máximos responsables de Apemsa de tener “perfecto conocimiento de estos hechos”. En su escrito, la plataforma pide al alcalde, Alfonso Candón, la destitución de los máximos responsables de Apemsa, rescindir el contrato a Aqualia-FCC para el mantenimiento del alcantarillado y la gestión de la EDAR Las Galeras y, por último, suspender la venta parcial de Apemsa.
El alcalde de El Puerto ya anunció antes de ayer que tal y como se comprometió la pasada semana, ya se había remitido a todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal la información sobre el procedimiento de ampliación de capital de dicha empresa municipal. Por su parte, desde Aqualia-FCC han informado que “respecto a los volúmenes tratados en la EDAR, desde el inicio de la puesta en funcionamiento de esta instalación se dispone de un sistema objetivo de medición del volumen total de agua mediante un caudalímetro por ultrasonido”. Añaden, además, que “este aparato ha sido calibrado y verificado por el fabricante, que así lo certifica”. De esta manera, aseguran, “garantiza su correcto funcionamiento y que, por tanto, las lecturas que realiza en cuanto a cantidad de agua entrante en la EDAR son igualmente correctas”. Por tanto, no dudan en afirmar que esas son las cantidades facturadas “por la labor de depuración realizada”.
Ayer por la mañana, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, se refirió también al asunto de la venta parcial de Apemsa, afirmando que si finalmente el Pleno municipal diera luz verde a la aprobación del proceso, IU pedirá al Gobierno andaluz “que extreme la precauciones en el estudio del expediente del acuerdo de privatización por si hubiera alguna medida con alguna anomalía que pudiera ser objeto de recurso, de apelación o de petición de modificación de ese acuerdo”.
Los grupos municipales que componen la oposición municipal – Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos Portuenses- también han presentado una moción conjunta en la que piden al Pleno la convocatoria de una Consulta Popular local “a fin de conocer la opinión de los ciudadanos de El Puerto”.
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