El pasado siempre vuelve y más cuando éste, lejos de cerrarse se reabren nuevas heridas en forma de cicatrices que no terminan de cerrarse. Nuevo capítulo a una historia que vuelve a girar en un horizonte preocupante y con muchas lecturas que interpretar. Hallar justicia con sentimientos de por medio, encontrar la verdad con intereses sobre puestos y acoplar una herencia envenenada, va a conllevar un camino de difícil pronóstico.
Minutos antes de que comenzara el partido, la administradora concursal, Yolanda Morales, encargada de llevar el Concurso de Acreedores del Racing Portuense, hacía acto de presencia en el estadio acompaña por ocho Policías Nacionales y miembros judiciales para hacer efectivo el embargo de la taquilla. Una taqulla que no pasó de 275 euros.
Un auto de varias páginas en el que se recoge el ofrecimiento de llegar a un entendimiento, toda vez comunique la actividad que se viene realizando en las instalaciones municipales por parte de los distintos equipos recreativistas.
Recordar que el Recreativo Portuense, como filial del Racing Portuense, goza del disfrute de las instalaciones tras la concesión administrativa firmada en la década de los 90 para los próximos 50 años. Dicho acuerdo finaliza en 2041.
La sala de junta ha sido la única instancia precintada. Según ha podido saber este medio, la entidad era conocedora de la venida de éstos.
El presidente Antonio Flor Jiménez comparecía nada más acabar el partido. Eso sí, por megafonía y micrófono en mano, instantes después de terminar el encuentro comunicaba lo sucedido a los presentes.
Ante los medios comenzó su interlocución sin “valorar la decisión hasta que no consigamos asesorarnos“, aunque, eso sí, “hay cosas que cuestan trabajo entender y no me parece correcta las formas“.
La imagen dada y “el despliegue policial ha sido desmedido. Se ha dado una mala imagen ante los niños. Ha sido excesivo”, apunta el presidente.
Flor denuncia que “a El Puerto no se le puede hacer esto“. El momento y las circunstancias que envuelven el incierto panorama, toma un positivismo en confiar en solucionar el entuerto, ”creo que se va a arreglar rápido. Soy positivo. Veo que tenemos futuro”, añade el mandatario.
Dichas actuaciones ha encontrado en quien esperaba alguna u otra decisión al respecto. “Intuíamos algo de esto. Hay cosas que no entendemos y movimientos que se han producido este verano“, aunque nuevamente, la confianza hace gala deseando que “las cosas volverán a su sitio”.
El auto recoge medidas cautelares con la taquilla de hoy y requieren los abonos recaudados, aunque "esto lo vamos a recurrir", señala.
Este lunes se reunirán con los asesores. “Tengo fe en la transparencia total. No tiene sentido todo esto. El Concurso es del Racing Portuense. No entiendo como llega esto ahora si llevamos haciendo tres años lo mismo. Se han llevado tantísimos meses sin enterarse de que aquí había jugadores en huelga, que dimitía el presidente o que no había junta directiva. Hoy se han enterado muy bien de la hora del partido”.
Lo que me preocupa es que “nuestros 400 niños sigan haciendo su actividad deportiva, ni los que lo representamos somos culpables de una deuda que han generado otros señores”. Flor reconocía no “saber si podrán utilizar las instalaciones” este lunes.
Sigue, “se mantiene el club firme y muy seguro porque las acciones son claras y a la vista de todos. Nos vamos a asesorar”.
El convenio que se desea por parte de la Concursal es meridianamente claro: cobrar una renta por la utilización del estadio con la concesión que sigue disfrutando el Racing Portuense y que a su vez, son de la propiedad del municipio.
En el propio auto se recoge que la intención es “estudiar un acuerdo económico. En caso contrario, esta Administración Concursal es libre y se reserva el derecho de utilizar el estadio y sus instalaciones en interés del Concurso”, refleja uno de los párrafos leídos por Antonio Flor.
Nada nuevo, este medio publicaba el 21 de julio y se hacía eco de la propuesta que se le hizo llegar al Recreativo momentos antes de la celebración de socios al objeto de romper esa filialidad para posteriormente, una vez negociada, alquilar el recinto a un precio de 1500 euros. Justo tres meses después de la celebración de la asamblea, de la oferta realizada y bajo un embargo judicial, nuevamente, se insta a ello.
Demasiado celo
Como tampoco lo es, que la prensa quiera hacer su trabajo y lejos de encontrar la comprensión se le prohiba fotografiar y grabar todo cuanto ocurría en el recinto deportivo. Tal y como ocurriera durante la última asamblea de socios celebrada el pasado mes de julio cuando se imposibilitó grabar buena parte de la misma o cuando se amenazó con demandar a este medio tras el informe concursal publicado y en el que el tiempo no ha venido sino a confirmar todo lo expuesto.
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