“Nosotros vamos a seguir hasta el final, no vamos a parar de luchar porque consideramos que esto es injusto”. Son las palabras de Rafael Carbajo Martel, uno de los vecinos afectados de las viviendas que se ofrecieron para los trabajadores del parque de maquinaria y carreteras del Ministerio de Obras Públicas (MOPU) ubicadas en el Camino del Sarmiento, y cuya orden de desalojo, enviada por la delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, está prevista que se materialice el próximo 7 de junio. “Creo incluso que en la carta que han enviado con la orden de desahucio existen irregularidades, y por eso mismo no podría ejecutarse, porque, de hecho, el expediente está en Sevilla”, ha denunciado el propio Carbajo.
Una historia que, junto con otros vecinos, aunque se desconoce el número exacto, comienza en 2010. “Nos reunimos con el delegado que nos aseguró que no se iba a echar a nadie, pero ahora ha ocurrido esto, y desde el día 9 del pasado mes de abril llevamos solicitando una reunión con Manuel Cárdenas que aún no se ha materializado”, informa el afectado.
Otra de las afectadas es Catalina Ceballos. “Llevo 23 años viuda y me tendría que haber ido, pero ahora no podría afrontar el pago de otra vivienda”, afirma la afectada. En este sentido, cabría apuntar que uno de los motivos que se señalan es que Catalina tiene otra vivienda en propiedad, pero en ella vive uno de sus hijos desde hace 17 años. “Yo no puedo irme a casa de este hijo, además de tener a otro malo bajo mi responsabilidad”, indica.
Algo parecido le ocurre a Manuela Basallote. “Se empezó a hacer otra vivienda hace más de 30 años, a sabiendas de que ésta iba a ser para mis hijos, pero al hacer los papeles, no se podía poner la casa a nombre de mis hijos por temas económicos, y por eso está al 50% entre mis hijos y yo; pero ellos llevan viviendo allí hace ya 17 años”, explica Manuela.
Los vecinos, conscientes de que estos inmuebles únicamente eran para el tiempo de trabajo, apuntan que intentaron “en 1993 regularizar la situación, pero ni siquiera se tenía constancia de que existieran estas viviendas en Patrimonio”. “Si nos hubieran echado en su momento, podríamos haber buscado una solución, pero ahora estamos hablando de gente que ya tiene casi 80 años”, subraya Rafael Carbajo.
Así, los vecinos esperan que próximamente se encuentre una solución a este problema.
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