Andalucía

El 45% de trabajadores turísticos, en jaque por las jornadas de 37,5 horas

Este millón de empleados turísticos supone el 80,4% de los 1,2 millones totales de asalariados que trabajan más de 37,5 horas

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El 45% del total de asalariados en el sector turístico, es decir, un millón de trabajadores, no podrían compensar la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales por un "uso más eficiente del tiempo del trabajo", según un informe elaborado por Exceltur, teniendo en cuenta los datos de la EPA de 2023.

Así, este millón de empleados turísticos supone el 80,4% de los 1,2 millones totales de asalariados que trabajan más de 37,5 horas. Con la propuesta de PSOE y Sumar, el número de horas semanales se reduciría en media a los 5,7 millones y un total de 294,6 millones de horas reducidas al año.

Además, el coste para las empresas derivado de este millón de asalariados que no pueden compensar las horas ascendería a 2.348 millones de euros, lo que supone un aumento medio del 4,9% de los costes laborales de las empresas turísticas y un descenso del 8,1% de su beneficio.

Para hacer este cálculo total, la patronal ha tenido en cuenta que en España hay de media anual 2,6 millones de ocupados en las ramas características del turismo, de las cuales hay 400.000 trabajadores asimilados a los autónomos, a los que "muy probablemente no les afectaría la medida".

Por tanto, los 2,2 millones de empleados turísticos restantes son asalariados. De ellos, Exceltur divide entre los 1,2 millones en los que su jornada es superior a las 37,5 horas y el millón cuya jornada es inferior a las 37,5 horas. Así, a estos últimos "tampoco les afectaría la propuesta".

Asimismo, Exceltur ha hecho este cálculo bajo el supuesto de que las empresas "pudieran encontrar trabajadores formados para complementar las horas reducidas", algo que no se da "en el contexto actual", y de que esas empresas tienen el tamaño suficiente para adaptar sus turnos, "lo que es difícil de asegurar".

En este sentido, destaca que el 93,9% de las empresas turísticas en 2023 eran micro pymes con un tamaño inferior a los 10 trabajadores (frente al 74,9% que suponen en el resto de las actividades de servicios).

Por subsectores turísticos, el impacto económico se concentra en las empresas de la rama de restauración, con 1.029 millones de euros y una reducción del 19,1% de los beneficios empresariales; del transporte, con 599,7 millones y un descenso del 7,8% de los beneficios; y del alojamiento, con 403 millones de euros y una caída del 6,1% de los beneficios.

"Estas ramas son en las que se identifica el mayor número de ocupaciones con dificultades para compensar la medida y hay una mayor intensidad en el empleo, con una mayor presencia de pequeñas y medianas empresas", ha explicado Exceltur.

Además, la patronal ha señalado las profesiones en las que es difícil compensar un menor número de horas de trabajo por un mejor uso del tiempo durante su desarrollo.

En este sentido, las más afectadas, también por número de empleados, serían cocineros y camareros, conductores de transporte terrestre, ayudantes de cocina, empleados de limpieza, monitores de actividades deportivas y otros relacionados con el deporte, recepcionista de hotel y profesionales del espectáculo, entre otros.

Por el contrario, hay posiciones donde es posible compensar la reducción de la jornada con mejoras en la eficiencia en el uso del tiempo de trabajo: propietarios de negocios, directivos y gerentes, empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina, trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción o personal técnico y profesionales de apoyo.

Con todos estos datos, la patronal considera que este impacto "desaconseja" la implementación de esta reducción de la jornada. Sin embargo, apunta a una serie de medidas que puedan favorecer la flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo e incrementar la productividad de los trabajadores y sus condiciones laborales.

En esta línea, Exceltur recomienda reducir los costes no salariales, especialmente las cotizaciones sociales, para que aumente la competitividad de las empresas, además de introducir incentivos fiscales a la reinversión en España de los beneficios no distribuidos en reposicionamiento del producto.

Asimismo, quiere que se dé prioridad a los convenios colectivos a nivel de empresa para favorecer la capacidad de adaptación de cada una de ellas y que puedan llegar a acuerdos sobre una mejora de la gestión.

La última medida sería fomentar planes de formación "in company" diseñados bajo fórmulas de concertación directamente con las empresas, para promover mejoras en capital humano que "ayuden a incrementar el valor añadido de los servicios prestados".

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