La teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Blanca Merino, informa que el Pleno de El Puerto ha aprobado varios expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que saldan deudas históricas de la Administración Local, poniendo solución a problemas importantes que el Ayuntamiento ha ido arrastrando durante décadas como el adeudo histórico con la empresa concesionaria del servicio de limpieza Sayse o la deuda de Suvipuerto contraída con la Agencia Tributaria Andaluza.
Blanca Merino explica que con respecto a Sayse hay que aclarar que esta deuda se remonta al servicio de recogida de basura y limpieza viaria entre 1979 y 2007, donde empezaron distintas discrepancias entre empresa y Ayuntamiento entre los importes a facturar y los reconocidos por la Administración Local, que originaron que Sayse planteara en 2009 un recurso contencioso administrativo que ha ido derivando en distintos recursos y sentencias hasta la fecha, donde se nos obliga al pago de 9.920.665, 08 euros. A esta cifra, señala la edil, se une el pago de los intereses derivados del largo procedimiento que se remonta a más de cuarenta años atrás y que suponen otros 9.721.015,09 euros. Lo que suma una cuantía total de 19.641.680,17 euros. Procedimiento que, aunque nada tiene que ver con este equipo de Gobierno, como queda claro en su cronología, debemos asumir porque la sentencia es firme y el Ayuntamiento de El Puerto tiene la obligación de abonar la deuda intentando siempre que sea del modo menos perjudicial para las arcas municipales.
Hoy se ha aprobado gracias a un arduo trabajo por parte del área técnica de la Concejalía de Economía el pago de cuatro millones de euros a la empresa, con una aplicación disponible al efecto y solo este año, como condición fundamental para avanzar en un calendario de pagos conveniado con la empresa con el fin de fraccionar el resto y zanjar la deuda de forma progresiva en los próximos años.
Igualmente, el Pleno ha aprobado el pago de 1.267.851,34 € a la Agencia Tributaria Andaluza atendiendo otra sentencia judicial que ponía en jaque la viabilidad y continuidad de Suvipuerto.
Blanca Merino señala que esta obligación de pago es el resultado de un procedimiento iniciado en el año 2005 y que por motivos ajenos al funcionamiento de la empresa municipal de suelo y vivienda, sino a diversos cambios normativos, provocaron que tras una compra de varias fincas en Caja de Aguas para construcción de VPO no obtuvieran la cédula de calificación de vivienda de protección oficial en los tres años previstos, tarda uno más, lo que les condenó a la devolución de la exención del impuesto al que este tipo de viviendas se acoge, obligándola a devolverlo.
Aunque Suvipuerto ha peleado con uñas y dientes en diferentes estancias hasta llegar al Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional finalmente obliga a Suvipuerto al pago reclamado.
Por último, la edil Merino quiere agradecer la diligencia de todo el equipo del Área Económica, con la colaboración de Suvipuerto, que ha trabajado conjuntamente y a destajo en encontrar una la solución urgente, montando tres complicadísimos expedientes en apenas unos días, para que hoy el Pleno pudiera aprobarlo, poniendo fin a un asunto que hacía peligrar de manera importante la continuidad de la empresa.
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