El requerimiento de pago inmediato responde a la demanda interpuesta en nombre de la empresa por Alfonso Jiménez Abogados, en base a la deuda que acumula el Ayuntamiento con la sociedad al no permitir la oposición que se afrontasen las deudas, sin que este haya podido acreditar por el Ayuntamiento que no concurren circunstancias que impidan su abono.
En un Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 18 de octubre, en el procedimiento de Medidas Cautelares 353.1/21, la juez determina que procede la reclamación de deuda por servicios contratados adoptándose la medida cautelar consistente en ordenar al Ayuntamiento demandado el pago inmediato de la deuda, y que tras conceder audiencia al mismo, ha considerado la medida aplicable de manera inmediata.
La ejecución de la medida permitirá a la empresa afrontar el pago de las nóminas de la plantilla, y cumplir con sus proveedores, reduciendo el periodo medio de pago.
Este nuevo pronunciamiento se suma a la Sentencia Nº 221/2021 de 1/9/21 del Juzgado de lo Mercantil que declaró nulos los acuerdos de la Junta General de la empresa de 2 de septiembre de 2019 acordados por los miembros de la oposición por vulnerar e infringir la ley y los estatutos de la empresa en otro intento por dejar la sociedad nuevamente sin gerente. El presidente del Consejo no entiende cómo en lugar de recurrir esta sentencia desfavorable, que le ha costado a la sociedad más de 5.000 euros, la consejera Sra. Lara optó por dimitir del consejo de la sociedad.
Javier Bello se congratula de que esta decisión judicial deja en evidencia los intentos de la oposición de politizar y judicializar la gestión de una sociedad que es una herramienta fundamental para el funcionamiento municipal e invita a los miembros de la oposición a dejar de desprestigiar el trabajo de sus técnicos y a abandonar el constante bloqueo al Gobierno.
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