No hay que ponerlo en duda, ni siquiera un instante: cualquier empresa puede moverse donde le plazca. La legalidad les ampara, y nadie debe poner límites a esa libertad de movimientos. Ferrovial ha decidido trasladar su sede social a los Países Bajos por motivos económicos. Nada que tenga que ver con el pago de impuestos o con un supuesto mosqueo con el actual Gobierno central. Como los youtubers, que se van a Andorra por el clima.
Evidentemente, Ferrovial es quien es gracias a las obras públicas; sólo desde la década de los 90, unos 9000 millones. Licitaciones ganadas en buena lid frente a otras empresas del sector, con total transparencia. Pero claro, estos lodos vienen de otros barros. Como la mayoría de las grandes familias de este país, la mayor parte de su fortuna y de sus pingües beneficios tienen su origen tras el golpe de Estado del 36, y gracias a su apoyo al bando golpista. En este caso, a partir de contratos otorgados por el régimen franquista a través de Renfe.
Con el gobierno de Aznar le llovieron las ayudas para su internacionalización, lo que le supuso convertirse en el mayor gestor de aeropuertos del mundo, Ayudas otorgadas de dinero público, de nuevo. Estas ayudas, investigadas por la Comisión Europea, fueron declaradas ilegales en 2009 por considerar que alteraban la libre competencia entre empresas, ese “mercado” al que todos abrazan cuando hablamos de ganancias, pero que se socializa cuando llegan las pérdidas, como en el caso de las autopistas o los ERTEs. Ahí no hay mercado que valga, y papá Estado es llamado a grito pelado para que venga en su auxilio.
Mientras tanto, el presidente de Ferrovial se ha cuidado las espaldas y se ha esmerado en crear sociedades en paraísos fiscales, como Suiza, Luxemburgo y, oh casualidad, de nuevo en los Países Bajos. Todo legal, por supuesto. Faltaría más. Volviendo a demostrar que el patriotismo, cuando hablamos del euro, no entiende de fronteras. No tiene patria ni bandera, fronteras o límites más que el de la legítima voluntad de llenar la cartera hasta el borde.
Todos somos libres de movernos donde se nos ofrezcan mejores condiciones, siempre que se cumplan nuestras obligaciones fiscales. Pero los ciudadanos también tenemos derecho a exigir que se nos devuelvan las ayudas concedidas con nuestro dinero, o que sólo se concedan licitaciones a empresas radicadas en el país.
Quid pro quo.
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