Cuesta mucho creer que, a estas alturas de la película, la norma fundamental del Estado aún pueda referirse a las personas con discapacidad como ciudadanos “disminuidos”, como si de un estrato inferior a la España de libres e iguales se tratase. Es evidente que las lenguas evolucionan, las sociedades avanzan y la de 1978 nada tiene que ver con la nuestra.
La Real Academia Española define
disminuido como todo aquello que ha perdido fuerzas o aptitudes, o que las posee en grado menor a lo normal. En pleno proceso de descomposición interna y a las puertas de un congreso sin rivales, adelantado con urgencia ante el miedo a la disidencia,
parece que Vox ha querido convertir su abstención a la reforma del artículo 49 de la Constitución en una distracción a su disminución política.
En la formación ultra opinan que no basta con modificar la redacción del artículo en cuestión, sino que se debe ir más allá con un debate “exhaustivo, pausado y serio”.
Desconozco dónde han estado sus señorías en los últimos seis años, y no me refiero solo a la calle. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en representación de más de 800 organizaciones, llevó esta iniciativa al Congreso.
En cuestiones de justicia social cada gesto cuenta. Qué bonito habría sido ver a los
350 representantes del pueblo español darse la mano por primera vez en mucho tiempo. Al menos nos queda la esperanza de que una amplia mayoría del Congreso ha sabido dejar a un lado la camiseta de su equipo para dignificar a las personas con discapacidad.
Solo (se) queda Vox.
