El día 03 de marzo de los corrientes entró en vigor la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
Los aspectos más relevantes de esta reforma son la consideración de la imprudencia menos grave y la grave, pero, sobre todo, la recuperación de la vía penal de nuevo para la tramitación de la siniestralidad vial menos grave, que es la que afectaba a la mayoría de lesionados en la seguridad vial por la imprudencia de muchos conductores, y que eran los temas que antes iban al juicio de faltas por accidentes de tráfico y ahora van a ir al juicio por delito leve del art. 152.2 CP.
Con dicha reforma se flexibiliza el régimen de reclamación penal reubicando las lesiones del art. 147.1 CP en la imprudencia menos grave del art. 152.2 CP, lo que posibilita en estos casos presentar denuncia y acudir al médico forense para el reconocimiento del lesionado, y, tras ello, con el informe de sanidad negociar con la aseguradora, por lo que se recuperará las probables transacciones extraprocesales.
Hasta esta reforma, el letrado tenía que acompañar a la demanda civil una pericial médica, lo que hacía a los lesionados que asumieran un coste inicial importante, y que con esta reforma se elimina. Por lo que, a partir de ahora, el 80% de los accidentes que tenían que acudir a la vía civil, colapsando la misma, volverán a la vía penal.
Esta reforma también introduce el delito de fuga para sancionar aquellos conductores que causen un siniestro y se den a la fuga, graduando la pena en función de su conducta
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