"Éramos muchos los que inexorablemente dábamos vueltas alrededor del mismo caos, del mismo desasosiego, sin poder intervenir ni hacer nada por evitarlo. Todos éramos satélites muertos". Gunnar Staalesen.
Las administraciones públicas son las empresas que financian los ciudadanos a cambio de que se presten los servicios públicos necesarios para vivir y, a través de ellos, mejorar nuestra calidad de vida. Somos, por tanto, propietarios de estas empresas, que dejamos en manos de quienes hemos elegido por votación democrática, que no son empresarios ni profesionales, sino políticos y, como tales, no se rigen por criterios empresariales. Es claro que hay ámbitos públicos en los que debe primar el criterio social y, desde luego, no se trata de que las administraciones hagan caja y cierren con beneficio para repartir entre los contribuyentes. No hay ánimo de lucro económico, pero sí debe haberlo de lucro social, de conseguir el objetivo de darnos mejores servicios públicos rentabilizando al máximo los recursos económicos, materiales y de personal. Intentando, además, que la ciudadanía pague lo justo y que reciba los servicios en condiciones de igualdad, sin discriminaciones.
El uso partidista de las instituciones es un mal endémico de la democracia, sobre todo cuando el que gobierna las usa para beneficiar a los suyos y se entiende por suyos a los de su partido o familia política. Ejemplo es dar subvenciones a ayuntamientos gobernados por su mismo partido por encima de las que da, o incluso no da, a otros de otras siglas, mejorar servicios de su competencia en ciudades donde el alcalde es, casualmente, suyo o hacer la vista gorda ante incumplimientos de administraciones de la misma sigla... Uso partidista de las instituciones puede ser en sentido contrario, poniendo pegas, no facilitando trámites para inversiones o para mejorar la ciudad y, peor aún, tramitando inspecciones, denuncias, sanciones contra una administración cuando, por contra, no se hace con las gobernadas por los suyos, en definitiva ayudar a unos y ponerlo difícil a otros. Todo esto parecería lógico si se obviara que la Constitución prohíbe que las administraciones públicas se gestionen de forma arbitraria y, además, el dinero que manejan es público, dinero que pagan los ciudadanos hayan votado a quien hayan votado. Es cierto que este uso partidista de las instituciones no se da con la misma intensidad, hay gobernantes más obscenos que otros, también los hay que por ello han sufrido demandas por arbitrariedad y desviación de poder.
Los empleados públicos también sufren o se benefician del partidismo, sobre todo cuando torpemente no se les mide por su mérito y capacidad. No en todos los casos es igual, vaya por delante, pero abunda quien tras ser elegido se rodea de empleados públicos afiliados de su partido y, en su defecto, de quienes por un motivo u otro, previamente, se han ganado la confianza del gobernante cuando éste estaba en la oposición. Luego es una cadena, estos técnicos medrarán para apartar a otros más dotados bajo argumentos de confianza para quien gobierna. Gran torpeza que la paga la gestión. Los gobernantes inteligentes saben rodearse de los mejores sin entrar en otras consideraciones ajenas al mérito y capacidad. Quien no valora la cualificación profesional se nota que no se juega su dinero, como sucede en la privada, donde cuando se eleva o contrata a alguien solo se hace en rigor a sus conocimientos y experiencia al margen del carnet político, gusto gastronómico, sexual o capacidad manual para hacer crochet; tampoco desprecian a quien siendo muy cualificado ha trabajado para la competencia, hasta esto supone un valor añadido. Los políticos, algunos, llegan a ser tan opacos que lejos de rodearse de personal cualificado buscan lo contrario para tener más facilidad ejerciendo el ordeno y mando.
Hace años que esta forma torpe de rodearse de personal podría tener menos consecuencia negativas para la gestión porque los presidentes autonómicos y, sobre todo, los alcaldes hacían casi lo que les daba la gana y la mayoría de los técnicos quedaban relegados a un segundo plano, eran ejecutores del ordeno y mando. Los desmanes que se vivieron en la administración pública en la época del todo vale provocaron modificaciones legales con fuertes limitaciones, además la intervención del Ministerio de Hacienda apareció con severos planes de ajuste obligatorios, también se empezó la judicialización de la gestión pública con demandas por casi cualquier cosa, lo que supone que vive en estado de miedo judicial quien gobierna y, sobre todo, los técnicos que firman. Todo esto supone que la gestión pública se ha ralentizado de una manera severa con expedientes eternos, que pasan de una mesa a otra sin final visible. Lo que se agrava si los técnicos de primera línea son inexpertos, están desmotivados o, sencillamente, trabajan por debajo de lo justo.
El trabajador público eficaz capaz de resolver se ha convertido para los administradores políticos inteligentes en una pieza de alto valor cuando éste sabe redondear un presupuesto y que el Ministerio le dé vía libre, elaborar una RPT o tramitar de manera eficaz cualquier tipo de expediente cumpliendo con las leyes y sin que la intervención detenga el proceso, todo ello ahorrando dinero, dolores de cabeza y facilitando que la gestión política luzca sin conflictos. Pilar Miranda, nueva alcaldesa de Huelva, se ha hecho con un elenco de técnicos de primer nivel, recortando plantilla en cuanto a asesores y buscando los mejores para impulsar un ayuntamiento que estaba detenido en el tiempo durante más de una década; profesionales de primer nivel a los que hay que pagar bien, como todo lo que es bueno, productivo o eficaz en esta vida. Huelva lo agradecerá, al tiempo.
Muy complicado resulta gestionar un ayuntamiento con grave situación económica y, por ello, intervenido por el Ministerio de Hacienda, que no atiende a criterios políticos ni a argumentos de rentabilidad política cuando impone medidas de aumento de ingresos y reducción de gastos, lo que siempre resta votos y pone freno a los proyectos que quien gobierna pretende ejecutar. En esta situación la labor de los técnicos se hace muy necesaria para poder encontrar soluciones legales y económicas, buscando el equilibrio entre lo mucho que limita la gestión y los objetivos que el político persigue. Lo fácil es proponer subidas de impuestos o reducciones de gastos de personal sin buscar alternativas menos gravosas.
En Jerez, por ejemplo, se ha presentado al pleno una revisión del plan de ajuste para conseguir un préstamo para pago de sentencias y se incluye una subida de la tasa de recogida de basura que aumentará los ingresos en cuatro millones de euros, lo que supone un incremento del 25 por ciento. La justificación es que se va a implantar el quinto contenedor al que obliga la UE para que en él se depositen los residuos orgánicos y esto supone un coste al ayuntamiento. El gobierno local ha dado explicaciones como que no va a ser un incremento de la tasa de basura sino una tasa nueva o que se sube los ingresos de la tasa de basura pero no el importe de los recibos, incluso que es Pedro Sánchez quien impone cobrar esta tasa, pero lo cierto es que una nueva tasa no puede cobrarse por recoger los residuos orgánicos que se vienen recogiendo desde hace mucho y está incluido en la tasa de basura. No es un tipo de residuos nuevo, los orgánicos son, básicamente, los restos de comida y no pueden existir dos tasas por el mismo servicio. Igual que la puesta en marcha de los contenedores de papel, vidrio o cartón no supuso, en su día, subir esta tasa. Por otra parte, si se sube no tiene debate que suban los recibos de los contribuyentes y, sin duda, Pedro Sánchez tiene culpa de muchas cosas, muchas, pero no de imponer a los ayuntamientos que suban la tasa de basura, no hay Ley que lo imponga, entre otras cosas porque iría contra la autonomía local consagrada en la Constitución.
Lo que están haciendo muchos ayuntamientos es establecer bonificaciones que reducen el recibo de ésta a quienes usan el nuevo contenedor marrón, porque lo que importa es que se fomente la cultura de la selección de residuos. Si el quinto contenedor supone un coste, como lo supone ampliar o mejorar cualquier servicio, depende de los técnicos municipales encontrar soluciones que eviten la fácil, que es subir los impuestos y es, por tanto, responsabilidad de quien gobierna empujar a su entramado técnico administrativo en la búsqueda de alternativas que protejan el interés de los únicos propietarios de estas empresas públicas, que son la gente de la calle. La que pone el dinero.
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