Estaba mirando las noticias en la pantalla del móvil cuando apareció una frase que me resultó inquietante: “Los verificadores de información independientes indican que esta información es falsa”. En ese preciso momento comprendí que la libertad de expresión estaba llegando a su fin y que se hacía realidad el mundo distópico de 1984, la novela de Orwell donde un ministerio de la verdad oficializa lo que interesa al Gobierno y reprime lo que le incomoda.
Las agencias verificadoras (como Maldita.es o Newtral) dicen ser organizaciones que comprueban datos difundidos en medios de comunicación, redes sociales y aplicaciones de mensajería con el objetivo de combatir bulos y desinformación.
En una democracia todos somos libres para considerar falsa cualquier información (aunque no lo sea), pero sorprende que unas empresas privadas con intereses e ideologías propias se dediquen a dictar lo que no es verdad.
Lo triste es que hay quienes están de acuerdo, cuando en realidad esas agencias son unos medios de comunicación sin potestad legal ni moral para determinar y etiquetar lo que es falso. Hay que ser ciego para no ver cómo eligen lo que califican de bulo y se saltan “de manera conveniente” las mentiras que favorecen a los intereses e ideologías de los que parecen ser sus patrocinadores.
Al señalar algo como bulo (lo sea o no) los verificadores dan amparo a la censura ejercida sin ningún derecho por quienes gobiernan. Pero claro, esto no debería sorprendernos cuando el Gobierno monitoriza las redes sociales para comprobar discursos “peligrosos” y “campañas de desinformación” (hay comunicados atestiguándolo), cuando el partido del Gobierno pide en redes sociales que se denuncie a quien les critique, cuando hay miembros del Gobierno que han dicho públicamente que anteponen la propaganda a la educación, etc. Demasiados disparates.
El Gobierno dice que le preocupan los bulos que incitan al odio y aclara que en redes sociales las empresas que las gestionan se encargan de los bulos, aunque por ejemplo Facebook contrató para ello a las citadas agencias verificadoras y WhatsApp facilita al usuario el acceso a ellas para informarse y denunciar. Esto garantiza la eficacia de una censura liberticida y sectaria más propia de un régimen dictatorial que de una sociedad democrática como la nuestra.
Ninguna empresa privada o pública afín al poder puede señalar si es verdad o mentira lo que expresa un ciudadano y si un bulo fomentase el odio bastaría con denunciarlo ante la justicia. Es vergonzoso que estemos permitiendo que este control suceda, tenemos la obligación moral de reaccionar, comenzando por asumir que las agencias verificadoras de información no son independientes y además mienten.
Preservemos la información que ocultan los medios y que intentan borrar de las redes quienes pretenden dominar nuestra sociedad. Fuerza y salud.
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