Al debate postvacacional sobre la suciedad de Sevilla hay que añadirle una derivada sobre el vandalismo tras el destrozo de los brazos de la Cruz de la Inquisición, sita junto al Arquillo del Ayuntamiento, durante la noche del lunes. Y es que no nos hallamos ante un hecho aislado, sino ante otro más de una larga lista de episodios de la misma naturaleza, cuya reparación cuesta cada año a los sevillanos muchos miles de euros. Recordemos los destrozos ya clásicos al monumento a Bécquer en el parque de María Luisa; los sufridos por el conjunto escultórico existente frente al Archivo de Indias; las pintadas a la efigie de Cervantes y a las del torero Curro Romero y la duquesa de Alba; los desperfectos en el monumento a los vendedores de prensa, y un largo etcétera.
Para colmo, el ataque a la Cruz de la Inquisición ha dejado en evidencia un fallo de seguridad en el Ayuntamiento, ya que la cámara de videovigilancia externa que pudo haber grabado a su autora estaba averiada desde hacía tiempo y no se ha reparado pese a los avisos policiales en tal sentido. Las restricciones presupuestarias no deben afectar a un capítulo esencial como la seguridad; y la de las Casas Consistoriales, con su gran patrimonio histórico artístico y como sede del gobierno de la ciudad, no puede confiarse sólo a unas cámaras externas. Deben contar con un plan específico y con una dotación policial presencial permanente.
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