Reza un adagio jurídico semejante a un trabalenguas que el causante (o la causa) de la causa es causa del mal causado. Pues bien, este principio de causalidad, que une el origen de una acción con su resultado, es el que debe regir y aplicarse en el caso de la contaminación por listeria acaecido inicial y mayoritariamente en Sevilla y extendido luego a otras provincias del resto de España. Un brote de listeriosis que hasta el momento ha afectado a dos centenares de personas en números redondos y que ha provocado, presuntamente, la muerte a tres de ellas y el aborto de varias mujeres gestantes.
No son el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía, pese a su descoordinación y a sus batallas políticas, los que fabricaron y distribuyeron la carne mechada, el lomo al jerez y el lomo a la pimienta contaminados con la bacteria. Tampoco fueron quienes ocultaron información sobre la comercialización de otros productos sospechosos, cuyo descubrimiento de forma gradual gracias a la colaboración ciudadana ha obligado a decretar cuatro alertas sanitarias sucesivas. Ni fueron quienes actuaron al margen o más allá de los límites de una declaración responsable de actividad no acorde con tal nombre ni con la realidad. El responsable del brote de listeriosis tiene un nombre que parece estar olvidándose en medio de la batalla política: Magrudis, el fabricante de la carne mechada contaminada.
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