El informe de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones , cuya titular es conocida como la Defensora del Ciudadano, refleja en primer lugar un incremento en el número de quejas sobre el funcionamiento de los servicios municipales o el estado de Sevilla, dato poco halagüeño para el gobierno: 345 reclamaciones, casi una diaria en una sociedad como la nuestra, habitualmente pasiva y poco inclinada a implicarse en los asuntos públicos. Con ser preocupante que una sola Delegación, la de Hábitat Urbano, acapare un tercio de las denuncias, más lo es que en Asuntos Sociales se tarde hasta tres meses en atender las peticiones de citas de personas con dificultades económicas graves.
Esta situación generalmente se debe a la falta de personal, carencia acentuada cuando se terminan programas sociales cofinanciados por otras Administraciones Públicas, fundamentalmente la Junta de Andalucía, y se produce un vacío hasta que se logra la renovación de los mismos. Es un problema que se repite mandato tras mandato y gobierne quien gobierne y que no hay forma de solucionar. El informe de la Defensora del Ciudadano apunta generalmente al mismo problema de fondo: la lentitud de respuesta del Ayuntamiento, una situación ésta de la burocracia municipal que no siempre requiere de más medios, sino de una mejor organización y de un cambio en los métodos operativos del Consistorio.
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