El gobierno de coalición PSOE-IU en la Junta de Andalucía abominó del sistema de obras por colaboración público-privada a causa de los sobrecostes en la construcción de la línea 1 del Metro sevillano, que imputaba en exclusiva a las empresas de la UTE adjudicataria. Al cabo de casi un un decenio, la reciente sentencia del Tribunal Supremo en que condena a la Junta de Andalucía al pago de 160 millones de euros de indemnización a las empresas constructoras deja en evidencia al Gobierno andaluz: los sobrecostes se debieron esencialmente a los cambios en el proyecto que sobre la marcha exigió la Administración autonómica, cambios que además retrasaron la ejecución de las obras y la puesta en servicio del Metro.
Es el tercer fallo judicial en este sentido contrario a la Junta, que ya sufrió varapalos similares en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tras estos reveses judiciales, la factura del suburbano, que se hizo a partir de un mero proyecto básico y sin saberse a ciencia cierta qué se iba a encontrar en el subsuelo, se ha duplicado respecto de la cantidad en que se adjudicó. A la vista de lo ocurrido sería conveniente revisar de cabo a rabo los proyectos pendientes que redactó la Consejería de Fomento, ahora que con el presumible cambio de Gobierno en Andalucía hay expectativas de impulsar de nuevo el Metro de Sevilla.
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