El 27 de enero de 2017, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una propuesta de Participa Sevilla para regular los autobuses turísticos y adjudicar su explotación mediante concurso público. Pronto se van a cumplir dos años de aquel acuerdo municipal sin que se haya materializado todavía, pese a que pareció inminente la aprobación de una Ordenanza específica o, en su defecto, la licitación del servicio. Por esos típicos y oportunos imponderables burocráticos, se ha dejado pasar el Pleno de octubre sin hacer nada y Sevilla pierde así otra oportunidad de tener una fuente de ingresos derivada del pingüe negocio de los autobuses turísticos.
Contrasta esta desidia municipal con otras grandes ciudades españolas cuyos ayuntamientos obtienen entre 4 y 6 millones de euros anuales por la concesión del servicio, mientras que aquí las dos empresas sevillanas que lo acaparan llevan un cuarto de siglo sin pagar un solo euro al Consistorio, algo insólito dada la voracidad de la Hacienda municipal en cualquier otro campo y cuando sólo una de aquéllas factura más de 1,7 millones de euros en nuestra ciudad. Sólo con que el gobierno de Espadas adjudicara en un millón de euros anuales la explotación de los autobuses tendría esos fondos para invertirlos en los barrios, colegios, parques…a una media de 83.000 euros mensuales. Cada mes que pasa ése es el potencial dinero dejado de ingresar.
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