Fátima, una saharaui de 36 años y vecina de Los Pajaritos, se ha convertido en la primera víctima de la violencia machista en Sevilla y en la cuadragésima segunda en España en este 2018 tras ser mortalmente apuñalada delante de uno de sus dos hijos menores de edad, que fue quien alertó a la Policía. Cada vez que ocurre un crimen de este tipo se ponen de manifiesto fallos y omisiones que lo hacen aún más trágico. La víctima había denunciado previamente a su asesino por malos tratos, al igual que a su anterior pareja y padre de sus hijos, encarcelado desde hace dos años y contra el que se había dictado orden de alejamiento.
La Policía velaba por que se cumpliera esta disposición judicial pese a que el implicado se hallaba en la cárcel y no suponía una amenaza real, pero no se había adoptado resolución alguna contra el segundo maltratador. Y hay que preguntarse cómo no se hizo nada al respecto pese a sus antecedentes: acumulaba otras cuatro denuncias por violencia machista e incluso pesaba sobre él una orden de alejamiento respecto de una mujer en Córdoba. Con este historial era muy probable que más pronto que tarde volviera a maltratar a otra infortunada que se cruzara en su camino, y esta vez ha sido con un resultado mortal. El asesinato de Fátima, como el de tantas mujeres, obliga a revisar los protocolos judiciales y policiales para evitar que siga aumentando esta terrible estadística.
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