El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) no está en condiciones de emitir su informe sobre el proyecto de Ordenanzas Fiscales elaborado por el gobierno local porque a falta de una semana para que se cumpla el plazo fijado para ello carece de personal municipal de apoyo que pueda trasladar al papel las observaciones de sus miembros. Es una situación insólita, sin precedentes, y la peor forma de conmemorar justo en este 2018 el XX aniversario de la fundación de este organismo, cuyos dictámenes no son vinculantes para el gobierno pero sí preceptivos.
Según su Reglamento, el CESS tiene, entre otras doce funciones, la principal de canalizar la participación de los sevillanos y de sus asociaciones -fundamentalmente de los denominados agentes económicos y sociales- en los asuntos municipales. Si desde el mes de marzo han ido causando baja los funcionarios de apoyo al Consejo Económico y Social y en el tiempo transcurrido desde entonces el equipo de Espadas no ha sido capaz de destinar otros de reemplazo, siquiera provisionalmente, está lanzando a la opinión pública el mensaje de que la participación ciudadana en los asuntos públicos que se canaliza a través de este órgano no es precisamente su prioridad. Confiemos aún en que en estos siete días que faltan haga lo que no ha hecho en siete meses para corregir esta lamentable situación.
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