La clínica iDental cerró sus puertas en Sevilla hace un par de semanas y ya son más de 1.100 los sevillanos presuntamente estafados que han presentado sus reclamaciones ante el Colegio Oficial de Dentistas de nuestra ciudad, organismo que alertó en vano a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de lo que se avecinaba al observar el “desproporcionado y desmesurado número de quejas y reclamaciones” que les llegaban por parte de los clientes.
Pero el Gobierno andaluz hizo oídos sordos tanto al Colegio de Dentistas (“no podemos pararlo”, fue la conclusión a la que llegaron los profesionales al ver su desinterés) como a su propia Inspección Provincial de Servicios Sanitarios de Sevilla. Los inspectores detectaron en la revisión de la clínica numerosas irregularidades, pese a lo cual la Consejería dio luz verde definitiva a su apertura. La última versión oficial de que las deficiencias habían sido subsanadas pero que no se hizo una segunda revisión para comprobarlo porque la normativa no lo exige es, cuanto menos, surrealista. Si no se inspeccionó de nuevo ¿cómo se puede sostener que las deficiencias habían sido subsanadas y que por ello se dio la licencia? La prueba de que no fueron subsanadas son los 1.100 sevillanos presuntamente estafados tras la negligente actuación de la Junta, a la que podría exigirse la asunción de responsabilidad patrimonial por la omisión de sus deberes.
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