La Policía Local, según el balance difundido por la Delegación de Seguridad, ha realizado un total de 85 inspecciones a viviendas y apartamentos turísticos en los cinco primeros meses del año en curso, frente a las 26 que hizo a lo largo de todo 2017. El delegado afirma, no sin cierto triunfalismo, que este incremento obedece a “la apuesta del gobierno municipal por controlar este tipo de actividad irregular que no va en consonancia con la imagen que queremos proyectar de nuestra ciudad”.
Obviando que hay viviendas turísticas perfectamente legales, la “apuesta” de que habla Juan Carlos Cabrera es manifiestamente mejorable. Y es que sólo a través de la plataforma Airbnb, aunque hay otras como Wimdu y Homeaway, se ofertan unas 6.000 viviendas turísticas en Sevilla, por lo que al ritmo actual de inspección (prácticamente una vivienda cada dos días) el Ayuntamiento necesitaría casi 33 años para completar esa labor. Somos conscientes de la carencia de recursos humanos y de medios de nuestra Policía Local, pero la elevada proporción entre viviendas inspeccionadas y denunciadas por presuntas infracciones de sus titulares u ocupantes (25 de 85, casi un tercio del total) demuestra la necesidad de que aumenten aún más las inspecciones para poner coto a quienes sólo tratan de hacer negocio al margen de la legalidad y a costa de las más elementales normas de convivencia.
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