El 27 de abril de 2016, el portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, ofreció una rueda de prensa en compañía de los concejales de su grupo, en la que exigió la dimisión de Juan Carlos Cabrera como delegado de Fiestas Mayores por lo que calificó como “compadreo” con el hasta entonces jefe de los Servicios Técnicos de la Delegación, Rafael Carretero, el cual había sido objeto de una denuncia de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el montaje de la Feria de Abril. “Si Ciudadaos gobernara el Ayuntamiento, no mantendría a Cabrera en Fiestas Mayores”, dijo textualmente Millán.
Año y medio después, la Justicia ha archivado la causa abierta contra Carretero: no sólo no se ha acreditado la perpetración de un delito de malversación de caudales, sino que su gestión permitió ahorrar costes al Ayuntamiento en el montaje de la Feria y supuso un beneficio para los contribuyentes sevillanos.
Y ahora ¿qué? Al margen de que nadie puede compensar al ex jefe del Servicio por los daños morales sufridos en todo este tiempo al verse puesto públicamente en la picota y víctima del ostracismo, la sentencia demuestra que quien obró correctamente al no actuar contra él fue el delegado, porque respetó su presunción de inocencia, y que quien ha errado por actuar desde la presunción de culpabilidad ha sido el portavoz de Ciudadanos que, cuanto menos, debe una disculpa pública tanto a uno como a otro.
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