Es de una lógica aplastante que un empresario defienda los intereses de su sociedad, pero cuando esos intereses y su consecuente beneficio depende del dinero público, el ciudadano tiene el mismo derecho a defender los suyos y pedir cuentas de qué se hace con cada céntimo de sus impuestos como contribuyente. Y aquí, en el caso de la empresa Castillo, que gestiona los autobuses urbanos de la capital, con una concesión hasta 2036, se está conculcando la equidad de los vecinos de Jaén, ya que mientras esta empresa vuelve a tomar como rehén a toda la capital y a llevar a los tribunales una medida para poner en marcha el sistema tranviario de Jaén, los ciudadanos no pueden conocer qué hace con su dinero la empresa concesionaria de un servicio público, porque no se deja auditar, algo que el Ayuntamiento y el PP permite, con el señor Miguel Contreras en cabeza. No es necesario que hablemos del servicio que ofrece la empresa, que hace solo unos meses quitó los tornos porque Jaén en Común acudió a los tribunales. Ahora el PSOE habla de rescatar el servicio. Incumplimientos sobran para poder hacerlo. Pero lo que clama al cielo es el silencio atronador de plataformas ciudadanas como Jaén Merece Más, entre otras, con la nueva crisis del tranvía y con la actitud de Castillo.
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