Expone que no tiene sentido crear nuevas competiciones al margen de las estructuras federativas ya existentes
La Abogacía del Estado ha trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un documento relativo al caso de la Superliga, en el que expone que no tiene sentido crear nuevas competiciones al margen de las estructuras federativas ya existentes.
El escrito "con criterio jurídico", según pudo confirmar EFE, mantiene la posición del Ejecutivo desde el inicio del caso el pasado abril, cuando doce clubes, entre los que figuraban el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, anunciaron la creación de la competición.
Los clubes, de los que solo Real Madrid, Barcelona y Juventus Turín siguen en el proyecto, presentaron una denuncia en el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid contra la UEFA y a la FIFA por abuso de posición dominante y pidieron medidas cautelares para evitar posibles sanciones, que fueron estimadas.
El Gobierno español no respaldó el proyecto y pidió a los presidentes de los tres clubes de la liga española que dialoguen por una solución.
El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, señaló entonces que no contemplaba la Superliga sin el amparo y la tutela de la UEFA y defendió el diálogo y la negociación entre las partes.
El caso llegó al Tribunal de la UE con sede en Luxemburgo porque el juzgado madrileño elevó a este una cuestión prejudicial para que determinara si hay abuso de posición dominante de la FIFA y la UEFA al impedir la organización de competiciones fuera de su ámbito.
El juzgado pidió que la cuestión prejudicial se tramitara por el procedimiento de urgencia, petición que no fue estimada, y suspendió el procedimiento ordinario hasta que el tribunal de la UE se pronunciara, aunque modificó esta suspensión el pasado 4 de septiembre para que las partes pudieran presentar alegaciones y contestar a la demanda.
El juez, que ha sido recusado por la UEFA y por LaLiga que se ha personado, ha mantenido la suspensión para dictar sentencia, hasta que el tribunal de justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial que le planteó.
