Decididamente queda claro que si hay un asunto más que propicio para la confrontación política ése es el de la Sanidad Pública. Es cierto que cada propuesta ideológica cuenta con su respectivo modelo que no tiene por qué ser coincidente. Pero extraña que unos y otros no encuentren espacios mínimos para un entendimiento que preserve el buen nombre de esta prestación todavía universal de la que hasta ahora venimos disfrutando los andaluces con unos niveles de calidad más que aceptables. Al igual que otros servicios, el Sanitario ha sufrido los duros embates de la crisis siendo sus profesionales, y, fundamentalmente, los propios usuarios, los que han soportado con loable paciencia la carencia de recursos y las deficiencias ya conocidas. Con todo, persiste ante la ciudadanía su credibilidad y solvencia, cualidades que se ven seriamente cuestionadas por el último revés sufrido, la llamativa denuncia del supuesto falseamiento de las listas de espera lanzada por el nuevo gobierno de Juan Manuel Moreno. Prácticamente, nada más y nada menos, que el diez por ciento de la población andaluza está afectada por la tardanza del SAS en atenderle, cifra realmente grave que nada tiene que ver con los parámetros que nos presentaban los anteriores gobernantes que se afanaban en asegurar que Andalucía mantenía unos registros adecuados en esta materia.
El tiempo, y el rigor, pondrán las cosas en su sitio pero, mientras tanto, sería bueno que, aquí sí, se acuda de inmediato a la Justicia. Debe aclararse tan inquietante denuncia y buscar a los responsables de tamaño dislate y manipulación si es que la ha habido en el manejo de unas cifras que están reguladas por unas indicaciones y requisitos que ni siquiera se fijan aquí sino que corresponde a referencias objetivas establecidas para todos por el Ministerio de Sanidad. Al margen de este episodio, se abre otro capítulo sujeto a igual o mayor discusión, si cabe, como puede ser la política de nombramientos de directores de centros hospitalarios y otras unidades clínicas que, lejos de someterse a procedimientos reglados, se están efectuando como siempre, a dedazo limpio, por mucho que hayan dicho antes en sus programas electorales o suscrito en acuerdos de gobierno. Y nos queda mucho por ver aún pero a buen seguro que nada en favor de buscar bases para un acuerdo que redunde no ya en la fiabilidad del modelo sino, más bien, en su sostenibilidad. Es aquí donde se deberían hacer los mayores esfuerzos dada las dudas que surgen en torno al mantenimiento de un modelo que cada vez requiere de mayor dotación económica por su creciente complejidad y la propia naturaleza de la función que cumple. Todo lo demás, ruido, demasiado ruido en torno a una Sanidad Pública de la que los andaluces a día de hoy nos sentimos orgullosos.
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