Le piden cárcel por parcelar y construcción ilegal en suelo rústico

Por la construcción de una vivienda sin solicitar autorización ni licencia municipal en un paraje de Moguer

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  • Palacio de Justicia de Huelva. -

La Fiscalía de Huelva ha solicitado dos años y tres meses de cárcel para un promotor por parcelar ilegalmente una finca en un paraje de Moguer (Huelva) y ejecutar la construcción de una vivienda sin solicitar autorización ni licencia municipal.

El fiscal, en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, lo considera responsable de un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable y además de la pena de cárcel pide para él el pago de una multa de 4.500 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante 3 años.

En concepto de responsabilidad civil considera el fiscal que procede imponerle al acusado la demolición de las construcciones a cargo del acusado y previa elaboración de un proyecto técnico que con la aprobación del Ayuntamiento, garantice la restauración total del suelo afectado.

En su defecto el acusado indemnizará al Ayuntamiento en 5.111,72 euros que deberán ser empleados en la ejecución de dicha demolición y se acordará el comiso de la ganancia obtenida con la construcción.

Los hechos de los que se acusa a esta persona devienen de 2015, año desde el cual el acusado, en calidad de promotor, viene ejecutando la construcción de una vivienda de 165 m2 y otra construcción auxiliar para nave de unos 135 m2, en el Paraje Cabañas del término municipal de Moguer.

Las mismas se ejecutan en suelo no urbanizable (rústico) sin especial protección donde además se ha producido una "parcelación ilegal" en la que se ha segregado la parcela afectada con unos 1.000 m2 de otra contigua.

El promotor no solicitó autorización y licencia municipal para la construcción.

Inspeccionadas las obras por el "SEPRONA" en abril de 2017 se comprobó la ejecución de las obras reseñadas, no estando totalmente terminadas.

El Ayuntamiento ha incoado Expediente de Restauración de la Legalidad Urbanística al ser las obras incompatibles con la legalidad y ha decretado su total demolición, tasando su coste en 5.111,72 euros. 

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