La Junta de Andalucía destina un 10% más de presupuesto a los ayunta-mientos con más de 20.000 habitantes y la Diputación para el desarrollo este año en Huelva del Programa de Ayudas Económicas Familiares (AEF), una prestación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales cuyo objetivo es ofrecer apoyo a familias con menores a su cargo en situación de riesgo de exclusión social a través de la entrega de subvenciones.
Según ha indicado la Junta en una nota, el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Fiscal; el director general de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Junta, Ángel Acuña; la vicepresidenta de la Diputación Provin-cial, María Luisa Faneca, y la delegada territorial del ramo, Lourdes Martín, han presidido la prórroga de los convenios de colaboración entre la adminis-tración autonómica y las corporaciones locales que lo llevan a cabo en la provincia: la Diputación y los ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer, que en el acto han estado representados por sus respectivos alcaldes o concejales de área.
La inversión de la Junta en el marco de estos acuerdos es de 393.798,90 euros, 35.000 más que en 2013. De esta cuantía, el Ayuntamiento de Huelva recibe 108.121,21 euros, 24.653 el de Lepe, 18.905,24 el de Isla Cristina, 21.843,94 el de Almonte, 17.293,52 el de Ayamonte y 18.368,97 el de Moguer, mientras que a la Diputación se le dan 184.613,02 euros para distribuir estas ayudas en el resto de la provincia.
El incremento de la partida del Gobierno andaluz forma parte de las líneas estratégicas recogidas dentro del Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social, aprobado por la Junta con la finalidad de paliar el impacto de la crisis entre los colectivos más vulnerables, especial-mente personas desempleadas sin prestación y familias con todos sus miem-bros en paro. Se trata de unas medidas que dan continuidad a las que ya se venían ejecutando con el Decreto de Exclusión del año pasado.
En el caso específico del Programa de AEF, la dotación presupuestaria de la administración andaluza se ha triplicado en los últimos dos años, lo que ha permitido en paralelo un importante incremento de su capacidad de cobertu-ra. Así, de las 369 familias y 761 menores que se beneficiaron en 2012 de estas ayudas se ha pasado a las 840 familias y 1.599 menores que las recibie-ron el curso pasado.
DEFINICIÓN Y POBLACIÓN DIANA
El Gobierno andaluz viene ofreciendo ininterrumpidamente desde el año 1998 este programa, que refrenda su apuesta por potenciar la atención a las familias con necesidades y a la población infantil en situación de riesgo. Su coordinación corre a cargo del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y los servicios sociales comunitarios vinculados a los entes municipales.
Dichas ayudas están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para los meno-res, de manera que se favorezca su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias. Con ellas, se busca compensar las carencias de crianza y alimentación que pueden darse cuando las familias no tienen medios económicos suficientes para ello.
De acuerdo con su naturaleza, las AEF constituyen un recurso para situaciones coyunturales de necesidad y, por tanto, deben ser complementarias a los elementos destinados a satisfacer las necesidades relacionadas con el acceso a los recursos sociales, con la convivencia personal y familiar, así como las relacionadas con la integración social.
La población a quien van destinadas son los padres, madres o tutores legales de los menores cuando concurren los siguientes aspectos: carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de niños a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado; presencia de indicadores de riesgo para el menor en la dinámica familiar; existencia de un programa previo de intervención familiar; pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, y aceptación por parte de los destinatarios de la intervención de los servicios sociales comunitarios, comprometiéndose a cumplir las recomendaciones establecidas.
Junto a la carencia de recursos y las consiguientes dificultades para cubrir las necesidades básicas, el perfil familiar también se caracteriza por la existencia de desajustes convivenciales que revelan factores de riesgo previamente diagnosticados por los servicios sociales. Por lo general, estas familias presentan la siguiente radiografía: escasos apoyos familiares y sociales; falta de habilidades parentales; desempleo de larga duración o inestabilidad laboral; vivienda con déficits y condiciones inadecuadas o cambios frecuentes de domicilio; núcleos desestructurados por separación, divorcio o ausencia prolongada de alguno de los progenitores; presencia de patologías en los cuidadores principales; toxicomanías; problemas de salud, y escasa forma-ción, entre otras dificultades.
CRITERIOS TÉCNICOS
A la hora de priorizar la aprobación de estas ayudas se tienen en cuenta diferentes criterios como que las familias sean numerosas, monoparentales o con ausencia de un miembro clave para la manutención y el cuidado de los menores, alguno de sus integrantes presente una discapacidad igual o superior al 33% o esté en situación de dependencia, y tengan menores que se acaben de reintegrar a su familia de origen tras un periodo de institu-cionalización o se encuentren en un proceso de reunificación a punto de concretarse.
Para determinar la falta de recursos se establece también que el importe máximo de los ingresos del conjunto de personas que integran la unidad familiar sea inferior a unos umbrales económicos definidos en función del número de miembros. En este sentido, se toma como referencia el IPREM anual, fijado para el presente 2014 en 6.390,13 euros.
La experiencia acumulada en los últimos años demuestra la alta efectividad de esta actuación. De hecho, al tratarse de situaciones de riesgo detectadas en un nivel de atención primaria, gracias al apoyo económico se consigue dar respuesta a las situaciones de dificultad familiar y se logran, por tanto, los objetivos marcados.
Las familias beneficiarias también participan en otros proyectos de interven-ción para la mejora de las habilidades parentales en el cuidado y atención a sus hijos. Entre estas actividades destacan talleres de cocina, de cuidados básicos a la infancia, de organización doméstica... impartidos por la red de servicios sociales comunitarios de la provincia.
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