El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana las abstenciones presentadas por el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo en todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía que hay ahora mismo en la corte de garantías. Se espera que sean ratificadas, tal y como ocurrió, de forma unánime, en lo relativo a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS).

En el orden del día del Pleno que se celebrará desde el martes, figura su abstención en los 16 recursos de inconstitucionalidad presentados por comunidades autónomas --14 de las regiones donde gobierna el PP más el presentado por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page-- y por el propio PP; y en las tres cuestiones de inconstitucionalidad restantes, todas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La ponencia sobre esta ristra de abstenciones ha recaído sobre el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, con el objetivo de despejarlas rápidamente y agilizar con ello la tramitación de las impugnaciones a la ley de amnistía, que se considera asunto prioritario en el TC, si bien el primer fallo no se espera hasta el próximo año, de acuerdo con las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

El PP presentó el pasado viernes un nuevo escrito donde pide apartar a Conde-Pumpido del debate sobre las abstenciones de Campo, así como de las deliberaciones relacionadas con el recurso de inconstitucionalidad de 'Génova' --junto a Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--, hasta que se resuelvan las recusaciones formuladas por los 'populares' contra los tres magistrados, según avanzó 'El Mundo' y confirmaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

De prosperar tal petición, podría alterar el próximo Pleno. Sin embargo, desde la sede de Domenico Scarlatti aclaran que el orden del día se mantendrá. Y ello, explican las fuentes consultadas, porque dar curso a la solicitud firmada por los de Alberto Núñez Feijóo supondría abrir la puerta a que la mera presentación de recusaciones contra magistrados permitiera configurar un "tribunal a la carta", algo contra lo que ya hay doctrina constitucional por considerarlo una estrategia fraudulenta.

En consecuencia, se espera que el Pleno dé vía libre a las abstenciones de Campo, el cual decidió apartarse de todos los asuntos que han ido llegando al TC sobre la amnistía porque en el informe que firmó como ministro de Justicia sobre los indultos a los condenados por el 'procés' dijo que ésta era "claramente inconstitucional"

Las recusaciones de Conde-Pumpido y Díez

Aprobadas las abstenciones de Campo, decaerán automáticamente las recusaciones lanzadas en su contra. En este escenario, ya se podrán designar ponentes definitivos para los asuntos en cola. Al respecto, cabe recordar que el ex ministro de Justicia es el ponente del recurso de inconstitucionalidad presentado por Cantabria contra la ley de amnistía. Una vez apartado, las fuentes avanzan que le sustituiría el magistrado conservador César Tolosa.

Después de superar el capítulo abstenciones, el TC resolverá las distintas recusaciones asunto por asunto. Así, la intención es que en el siguiente Pleno se estudien las planteadas contra Conde-Pumpido y Díez en el recurso de inconstitucionalidad del PP. Estaba previsto que la admisión a trámite de esta impugnación, cuya ponencia está en manos del magistrado conservador José María Macías, se decidiera la semana entrante, pero defectos formales lo han retrasado a octubre.

Contra Macías hay también una recusación pendiente. Se trata de la formulada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la cuestión de inconstitucionalidad del TS. El Ministerio Público argumenta que se pronunció contra la amnistía en dos textos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando era vocal: una declaración institucional antes de que hubiera ley y el informe emitido sobre la proposición de ley a petición del Senado.

Más allá de la 'hoja de ruta' marcada para el orden de resolución de los asuntos relativos a la amnistía, fuentes del TC reconocen hartazgo por la ola de recusaciones y recuerdan la doctrina fijada en 2021 que permitió al TC blindarse, conforme a la cual no cabe apartar a los magistrados por sus opiniones porque "precisamente han sido elegidos porque piensan y, además, por lo que piensan", para garantizar "la pluralidad en el entendimiento".

Causa archivada

Amnistía aparte, la Sala Segunda estudiará este lunes el recurso de amparo interpuesto por la ex etarra Natividad Jáuregui, alias 'Pepona', contra las medidas cautelares que le impuso la Audiencia Nacional --prohibición de salir de España y retirada de pasaporte-- a pesar del archivo de la causa en la que se le investigaba por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981.

Fue en noviembre del pasado año cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó la prescripción de la causa, declaró extinta la responsabilidad penal de 'Pepona' y acordó su puesta en libertad. Al mismo tiempo, los magistrados decidieron imponerle la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 3 de cada mes, además de la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, dado que el fallo aún no es firme.

Jáuregui, que permaneció en prisión hasta que la Sala de lo Penal acordó archivar la causa, fue procesada por el asesinato de Romeo Rotaeche, cometido en Bilbao el 19 marzo de 1981 cuando salía de misa en la Basílica de Begoña, con disparos de las armas que portaban ella y otro de los miembros del 'comando Vizcaya' Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya, actualmente fallecido.

'Pepona' huyó a Francia en 1978 por su presunta relación con las actividades del comando 'Iskulin'. Posteriormente, entre enero y julio de 1981, pasaría a formar parte, ya como miembro 'liberado', del comando 'Vizcaya', participando en diversos atentados cometidos a lo largo de ese año en dicha provincia, varios con resultado de muerte.

Tras su regreso a Francia y permanencia clandestina en aquel país, huyó a México, donde sería localizada en 2002 con ocasión de la detención y posterior entrega a España de otro miembro de ETA, José Antonio Borde Gaztelumendi.

Después regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde sería localizada y detenida en la ciudad de Gante en 2013, como resultado de una operación culminada por la Policía Judicial Federal de Bélgica, que contó con la colaboración de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.