Uno de los acusados por la muerte de dos personas cuyos cadáveres aparecieron en un pozo de una finca de Cartaya en 2019, ha admitido que fue él (J.M.P.P) quien disparó a S.V.C a su llegada a la zona, pero ha desmentido haber tenido nada que ver con la muerte de M.B.G, al que, según su versión, fue el otro acusado quien le "quitó la escopeta" y "empezó a golpearlo" hasta que falleció, al tiempo que ha explicado que, tras ello, ambos arrastraron los cuerpos al pozo al que los "arrojaron y taparon".
Así lo ha indicado durante su declaración en la primera sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva hasta el 23 de octubre, en la que se ha producido un cruce de acusaciones entre ambos encausados, de forma que el otro enjuiciado (J.A.M.B) ha negado haber tenido nada que ver con la muerte de ninguno de los dos fallecidos y ha asegurado haber sido "engañado" por J.M.P.P, además de afirmar que los cuerpos se quedaron "allí tirados" y que al llevar él a los agente de la Policía Nacional "ya no estaban".
De esta manera, este acusado ha manifestado que era "muy amigo" de M.B.G, por lo que "no tenía ningún motivo" para acabar con su vida, ya que "incluso iba a ser padrino de su hija" y que fue J.M.P.P quien le pidió que lo convenciera para que acudiera a la zona por "algo de una caja fuerte en el campo".
En esta misma línea se ha pronunciado su abogado defensor, afirmando, además, que su defendido "no tenía el más mínimo conocimiento de lo que quería hacer la otra persona", así como que era "fácil engañarlo" para que hiciera "el favor" porque "tiene cierta discapacidad", algo que ha asegurado que "quedará demostrado" a lo largo del juicio, al tiempo que ha apuntado que "no existe un móvil" en el caso de su defendido para querer matar a M.B.G.
Así, este acusado ha indicado que quedó con los fallecidos en una zona de Cartaya y se montó con ellos en el coche para llevarlos a la finca y cuando salieron del vehículo particular de S.V.C el otro acusado "disparó" y alcanzó a este, mientras que tanto él como la otra víctima se tiraron al suelo y se arrastraron para tratar de evitar otro disparo.
En su declaración, J.A.M.B ha proseguido señalando que, tras ello, "salió una sombra y se tiró encima de M.B.G" para acabar con su vida, tratándose, según su declaración, del otro encausado al que "reconoció por la voz".
Asimismo, ha afirmado que J.M.P.P lo "amenazó" posteriormente para que no hablara y que lo obligó a ayudarle a deshacerse de los móviles y los coches, extremo que ha desmentido el otro acusado, que ha señalado a J.A.M.B como autor de la muerte de M.G.B. Además, ha apuntado que J.A.M.B "llevaba guantes en todo momento" durante los hechos, así como ha indicado que fue este quien se deshizo de los móviles y quien quemó el coche de S.V.C, que apareció calcinado en una zona cercana al cementerio de Huelva.
En este contexto, ambos han subrayado que el caso de la muerte de S.V.C fue "sin querer" porque el "único" motivo por el que acudió allí fue para llevar al otro fallecido al que habían retirado el carné de conducir, de forma que el objetivo era M.B.G al que han descrito como una persona que se dedicaba a cuestiones "relacionadas con las drogas".
En este sentido, según la propia versión de J.M.P.P, su objetivo era esta persona porque había recibido del mismo "amenazas" hacia su hijo, así como afirma que "agredió a su madre" y que "la Guardia Civil lo sabía y no hacía nada", por lo que "estaba en una situación en la que no podía más"
A este respecto, ha aseverado que tiene problemas de salud mental, por los que ha tenido que acudir a un psicólogo "después de que su mujer lo dejara por un guardia civil", quien, según este acusado, "ayudaba" a M.B.G con "las cuestiones relacionadas con las drogas" y que, junto a este, siempre según su versión, le ofreció que colaborara con ellos usando la finca de su suegra --donde se produjo el suceso-- como 'guardería' de droga.
J.M.P.P ha apuntado que "se negó" a ello y que, a partir de ahí, "quemaron" su coche en "la puerta de su casa, amenazaron a su hijo y propinaron una paliza a su madre en su casa". En esta misma línea, su defensa ha señalado que "no iba a negar los hechos" y que disparó a S.V.C "pensando que era M.B.G", pero que su cliente "sufría una situación anímica insostenible" por todo lo que le había ocurrido y que es el fallecido objetivo del disparo "quien lo mete en todo esto". Por ello, ha pedido que se "aplique" una "situación de miedo y pánico desde hace años".
Declaraciones contradictorias
Por su parte, el tanto Ministerio Fiscal como la acusación particular de la familia de S.V.C han subrayado que ambos han incurrido en declaraciones que "se contradicen" con las de la instrucción judicial, por lo que han solicitado que se tengan en cuenta las declaraciones anteriores, algo que ha sido admitido por el Tribunal de Jurado.
Para los acusados la Fiscalía solicita la pena de 48 años de prisión como presuntos autores de un delito de asesinato con alevosía (23 años) y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento (25 años) y que indemnicen en la cantidad de más de 648.000 euros a los familiares de ambas víctimas.
De otro lado, la acusación particular pide para cada uno de ellos 25 años de cárcel por un delito de asesinato, tres por un delito de daño en la propiedad ajena mediante incendio, 24 meses de multa, a razón de seis euros diarios, por un delito de daño y profanación de cadáver y cuatro años y medio por un delito contra la integridad física y moral.
Reclamación familiares
Por su parte, familiares de uno de los hombres fallecidos del conocido como 'crimen del pozo' de Cartaya han solicitado "justicia y cárcel incondicional para esas personas que le quitaron la vida a nuestro hermano, al padre de mi niña", han expuesto al programa 'Hoy al Día' de Canal Sur televisión a las puertas de la Audiencia Provincial de Huelva.
Cabe recordar que desde este lunes, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge hasta el 23 de octubre el juicio con jurado popular contra los dos acusados de causar la muerte de dos personas cuyos cadáveres aparecieron en un pozo de una finca de Cartaya en 2019. Para ellos, la Fiscalía pide la pena de 48 años de prisión como presuntos autores de un delito de asesinato con alevosía (23 años) y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento (25 años).
Este juicio se celebra después de que en marzo fuera suspendido --fecha en la que se había señalado en un inicio--, debido a problemas de salud de uno de los letrados, por lo que hubo que poner en libertad a los acusados.
Así, según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en días previos al 14 de abril de 2019, los acusados J.A.M.B y J.M.P.P, ambos sin antecedentes penales, "planearon acabar con la vida de M.B.G", con quien "habían tenido graves conflictos previos relacionados, en su mayor parte, con el tráfico de drogas".
De este modo, el Ministerio Fiscal señala que el día 14 de abril de 2019, uno de los acusados engañó a MBG para que lo acompañase a una finca ubicada en un camino de Cartaya "bajo el falso pretexto de apoderarse de una cantidad indeterminada de droga que supuestamente estaría allí escondida" y donde les esperaba "oculto y armado con una escopeta de su propiedad" uno de los presuntos autores de dar muerte a estas personas, con la que "pretendían acabar con la vida de MBG disparándole, aprovechando sus habilidades como cazador experto", y "con la intención de no dar a esta persona posibilidad alguna de reacción".
Así, el escrito apunta que sobre las 22,30 horas de ese día MBG llegó a la finca acompañado de SVC y el enjuiciado, que se encontraba esperando "agazapado a varios metros, a oscuras y oculto entre la vegetación, disparó con su escopeta alcanzando a SVC, al confundirlo en la oscuridad con MBG, ocasionándole una muerte inmediata como consecuencia de un único y certero impacto de bala recibido en el tórax que le produjo una herida con destrucción de los centros vitales torácicos, todo ello sin que la víctima tuviera oportunidad alguna de eludir tal acción letal, ni de percatarse de la presencia armada".
Tras ello, el acusado disparó también a MBG "sin llegar a alcanzarle, agotando los cartuchos del arma y acercándose hasta el punto en el que aquel se encontraba junto al otro acusado, acabaron con su vida propinándole uno de ellos repetidos golpes en diversas partes de su cuerpo con la escopeta ocasionando al MBG con esta violenta acción un enorme sufrimiento como consecuencia de los incesantes impactos recibidos con el cañón de metal y la culata de madera del arma".
Esta persona murió "tras recibir golpes mortales en el cráneo y pese a sus intentos de defenderse de la agresión, ya que "le fueron propinados numerosos golpes que le produjeron fracturas de cúbito y radio de antebrazo derecho --con el que trató de defenderse de los impactos--, así como contusiones a nivel facial, entre otros daños" que le ocasionaron "al menos 19 lesiones de carácter no mortal en el curso de los hechos y hallándose aún con vida".
Finalmente, falleció como consecuencia de un "traumatismo cráneo-encefálico severo" tras haber recibido, "al menos, 14 impactos focalizados en regiones occipital y parietal derecha que le produjeron el hundimiento del cráneo mientras se encontraba en el suelo con importantes heridas y sin posibilidad de defensa".
Fiscalía señala en su escrito que "tras perpetrar ambas muertes, los acusados arrastraron los cuerpos inertes de ambas víctimas hasta un pozo de la misma finca donde los arrojaron, ocultándolos a la vista de terceros con plásticos de invernadero", así como trataron de "eliminar cualquier indicio que pudiera incriminarles en las muertes ejecutadas" prendiéndole fuego al coche de uno de las víctimas después de trasladarlo hasta La Ribera, en Huelva, y abandonaron la zona.
Asimismo, en el transcurso de su trayecto "arrojaron a la ría del Odiel los terminales móviles que hallaron en los cuerpos de los fallecidos" con "la intención de borrar todo rastro de su participación en las muertes de ambas personas".
Por todo ello, la Fiscalía los considera autores de un delito de asesinato con alevosía con relación a la muerte de SVC y de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento con relación a la muerte de MBG. Por ello, pide una pena de 48 años de cárcel para cada uno de ellos, 23 por el delito de asesinato con alevosía y 25 con el que incluye ensañamiento. Además, solicita que los acusados indemnicen en la cantidad de más de 648.000 euros a los familiares de ambas víctimas.
Los dos cuerpos fueron hallados el 16 de abril de 2019 dentro de un pozo en una parcela ubicada en la carretera comarcal H-3402 a las afueras de Cartaya, ocultos debajo de plásticos agrícolas, tras desaparecer unos días antes.
Tras los hechos fueron detenidas dos personas y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, atribuyéndoles inicialmente un presunto delito de homicidio, toda vez que los dos investigados se acogieron a su derecho a no declarar en su comparecencia judicial.
Así, durante las declaraciones en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Ayamonte en septiembre de 2020, uno de los acusados apuntó al otro encausado de ser el autor material de los disparos que acabaron con la vida de estas dos personas, después de que el otro imputado no pudiera declarar tras la renuncia de su abogado antes de comenzar las mismas.
Uno de los fallecidos fue el onubense Samuel Vizcaya, cuya desaparición denunciaron públicamente sus familiares el Domingo de Ramos de esa Semana Santa al ser descubierto calcinado su vehículo particular en los alrededores del cementerio de La Soledad de Huelva capital. Tras hallarse su cadáver y realizarse las detenciones, familiares y amigos se manifestaron en junio de 2019 en Huelva para pedir la prisión permanente revisable para los presuntos autores de estos hechos.
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