Antonio López es desde hace poco más de un mes el nuevo responsable de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba. Un cambio, confiesa a Viva Córdoba, en su actividad personal y profesional. Jurista de profesión, ha pasado de trabajar con expedientes y ahora a hacerlo con personas. Ligado al cargo va un plus de responsabilidad al igual que un motivo de satisfacción cuando las cosas salen bien. Pero de frustración cuando salen mal.
PREGUNTA: ¿Cómo se ha encontrado su nueva Delegación para encarar el drama de la pandemia?
ANTONIO LÓPEZ: "La situación es dura por la coyuntura actual. Los compañeros, que si bien son escasos porque hacen falta recursos humanos, están totalmente entregados. Quiero reconocer la labor que han hecho. Se ha hablado mucho del personal sanitario y del personal administrativo que ha tramitado los ERTES, pero poco del que ha estado al pie del cañón en que los centros de protección de menores funcionen, que los servicios de dependencia se sigan tramitando, que la Renta Mínima se siga tramitando, y que los centros residenciales de personas mayores estuvieran abiertos y funcionando. Todo eso son trabajadores y trabajadoras de mi Delegación a los que agradezco que hayan estado al pie del cañón. Estamos ante una situación en la que a raíz de la importante demanda que hay, se ha realizado una apuesta muy importante; pero sigue siendo corta por todas las necesidades que hay. Los recursos públicos son limitados y lo que tenemos que hacer es optimizar esos recursos, simplificar procedimientos para que lleguen al mayor número de personas posibles."
P: ¿Qué ha hecho la Junta hasta el momento?
A.L.: "Se ha hecho una importante apuesta desde el Gobierno andaluz para ayudar en política social, de más de 100 millones extra y este año está en 2.260 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,4% con respecto al presupuesto anterior. Esto se traduce en materia de políticas sociales que en la renta mínima de inserción social en una inversión de más de 150 millones de euros en toda Andalucía. En el caso de Córdoba son 16,5 millones de euros. De hecho, en 2020 casi 9.000 personas se han beneficiado, y eso es un incremento de más del 51,5%. No es suficiente, no estamos contentos, queda camino por recorrer y vamos por la senda correcta. Hay que perseverar para ir en la senda correcta".
P: ¿Y qué le dicen esos datos?
A.L.: "Tenemos que ser sensibles con la situación de las personas. Cuando una persona acude a Servicios Sociales evidentemente le gustaría estar en otra situación. Desde la recepción de las personas que lo atienden hay que tener un grado de empatía y sensibilidad muy importante. Eso es algo que quieron incular a los compañeros de la Delegación. Igual que agradezco la labor pido este grado de sensibilidad con los usuarios. También hay que simplificar procedimientos administrativos. Soy jurista y entiendo que hay procedimientos administrativos que redundan en trámites que tenemos que simplificar para que todo se resuelva de una forma más rápida. Y se está trabajando en ello. Concretamente, en la simplificación de la tramitación de la renta mínima de inserción social, procedmiento de dependencia, y en ayudas directas que tramita la Junta. Hay que intentar que esos recursos públicos que están llegando, hasta el último euro llegue a familias necesitadas y ejecutarlos al 101%".
P: ¿Cuánto perciben las familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta?
A.L.: Oscila entre 300 y 600 euros, depende de la coyuntura de cada familia.
P: A fecha 31 de diciembre del año 2020, de las 25.363 peticiones presentadas para solicitar el Ingreso Mínimo Vital al Estado, se han denegado 9.397 y se han concedido 4.897. ¿Le suscita algo escuchar estas cifras?
A.L.: "Quien haya ideado la normativa del IMV tiene que sacar conclusiones porque no es operativa. El grado de exigencia en los requisitos es tan alto que al final decaen la mayoría de los expedientes. En el caso andaluz estamos revisando la regulación de la renta mínima, cuyo ámbito de aplicación es más elevado y amplio que el del Estado. Además, hay que recordar que el la Renta Mínima es subsidiaria del Ingreso Mínimo Vital. No podemos tramitar el recurso andaluz si a la vez se está sustanciando el recurso estatal. Aunque un cordobés que no encuentra amparo en el recurso del Gobierno central, posiblemente lo encuentre en la Junta. El ciudadano lo que quiere es una solución pronta para sus problemas y no tanta burocracia administrativa".
P. La pandemia ha acentuado la brecha digital. ¿Qué está haciendo la Junta para reducirla en relación a sus políticas sociales?
A.L.: "El perfil de usuarios que acuden a Servicios Sociales son un ejemplo practico de la brecha digital. Aparte de dotar de esos recursos a la ciudadanía, estamos haciendo un esfuerzo para formar al funcionariado con tal de que haya un número de funcionarios habilitados y que puedan atender a esas personas que quieran realizar su trámite en la administración. El objetivo de que sea telemático es el de que se puedan simplificar tiempos".
P. ¿Y con los ayuntamientos y el Instituto Provincial de Bienestar Social? ¿Hacia dónde debe ir el entendimiento entre estos organismos y su Delegación?
A.L.: "Soy respetuoso con las decisiones que tomen los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias en materia de Servicios Sociales y con la Diputación en el Instituto Provincial de Bienestar Social. Después lo que no quiero es que se hagan recortes en materia social y que se achaque a la Junta, lo cual es muy recurrente. Las políticas en materia de Servicios Sociales no son un capricho de la persona que está al frente de un Ayuntamiento o la Diputación. Es una necesidad que la vemos claramente porque hay familias que están pasando por auténticas situaciones de calamidad. Creo que cualquier tipo de recorte que se quiera hacer en esta materia debería hacerse minuciosa y concienzudamente. Todo lo que se invierta en Servicios Sociales después repercute en la sociedad. La persona puede tener autonomía familiar, económica, y doméstica si hablamos de la dependencia. Eso es calidad de vida y redunda en una mejora de esa persona que revierte en la sociedad. Ahora, ha de estar bien utilizado. En los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes suministramos recursos en el ámbito de nuestras competencias y estamos en plena coordinación con sus Servicios Sociales comunitarios. Mientras que en el Instituto Provincial de Bienestar Social, que en Córdoba se encarga de los de menos de 20.000 habitantes, hemos tenido un contacto positivo y coordinado. Espero que eso siga así y que realmente podamos optimizar recursos porque son complejos. Los Servicios Sociales Comunitarios dependen de los ayuntamientos y ellos llevan la atención directa con la ciudadanía. Son la puerta de entrada de expedientes que nos llegan a la Junta. Si eso está bien trabajado, estudiando y el expediente depurado, el trabajo de los funcionarios es sencilo. Espero que las buenas intenciones plasmadas se traduzcan en una efectividad en el trabajo.
P. Quedan dos años de la presente legislatura. ¿Qué espera conseguir en este periodo?
A.L.: "Me gustaría encontrarme una menor demanda en Servicios Sociales para demostrar que hemos superado este escollo; un grado de satisfacción en los usuarios en que hayan encontrado la respuesta que buscaban; y sinceramente acostarme con la conciencia tranquila por haber atendido bien a la gente. Espero, en definitiva, estar a la altura de las circunstancias que nos han tocado vivir".
