Denuncian al alcalde Lucena por derribar chabolas de inmigrantes y negarse a empadronarlos

La Asociación Multicultural de Mazagón ha denunciado en el Juzgado de Instrucción número dos de Moguer al alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora (Independiente) por el derribo de chabolas y por negarse a empadronar a los inmigrantes en ellas, donde tienen su residencia.

La denuncia, según ha informado la asociación en un comunicado, relata que el 8 de octubre varios de sus miembros fueron testigos de la demolición de dos infraviviendas ubicadas en el terreno forestal público de titularidad municipal llamado Madrona y Valpajoso de Lucena del Puerto llevada a cabo por una cuadrilla de trabajadores del Ayuntamiento con una excavadora.

Pese a que en ese momento no había nadie, en el interior de las viviendas había muebles, comida, ropa y pertenencias personales de sus cuatro moradores y el derribo, según los operarios, se llevó a cabo con un permiso judicial que desde la asociación se ha solicitado al Ayuntamiento sin que se les haya facilitado.

A partir de ese día, el Ayuntamiento de Lucena "ha seguido demoliendo diariamente los únicos techos con los que cuentan los trabajadores inmigrantes sin un permiso judicial, sin la tramitación de un expediente administrativo y sin comunicarlo a los interesados y esto último, pese a que el Ayuntamiento tiene un censo de chabolas perfectamente identificadas con números, nombre de las personas que viven en ellas, teléfonos, nacionalidad y otros datos", según la fuente.

Consideran que "la actuación del alcalde ante la ausencia puntual de las personas, dado que son temporeros pero que pasan la mayor parte del año en los asentamientos, puede constituir un delito de prevaricación, ya que aprovecha la ausencia puntual de los moradores para demoler las chabolas".

Respecto al empadronamiento, la asociación ha indicado que el alcalde de Lucena se niega a empadronar a los habitantes de las chabola a pesar de lo que dicta la ley que recoge la obligatoriedad de los municipios a empadronar a las personas que viven en el mismo independientemente de la controversias jurídico- privadas sobre la titularidad de la vivienda y también es independiente de las condiciones higiénico sanitarias de la vivienda o infravivienda.

Según la asociación, "todos estos hechos que se extienden en mayor o menor medida al resto de municipios con asentamientos en sus términos municipales, constituyen una actitud de racismo institucional y de incumplimiento de los derechos más básicos de los seres humanos".