La Diputación provincial, en la situación provocada por el coronavirus, realizará una aportación de 20.000 euros a la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), que se destinarán a la adquisición de medios de producción relacionados con la impresión en 3D de dispositivos de seguridad frente a contagios.
Según ha indicado la institución provincial, así se recoge en un convenio suscrito entre la Diputación y esta entidad, con el objetivo de llevar a cabo actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico y mejora de la asistencia sanitaria pública en el contexto actual de emergencia y de Estado de Alarma a causa del Covid-19.
Tal y como se contempla en este acuerdo, el fondo aportado por la Diputación se empleará en la adquisición de elementos inventariables como impresoras y moldes de inyección plástica en serie, o no inventariables como filamento, fungibles u otras materias primas necesarias. Asimismo, se sufragarán los costes de transporte de dichos materiales y los costes de sensibilización de la población ante la emergencia sanitaria.
El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha destacado la importancia de "aunar esfuerzos y establecer medidas de cooperación en estos momentos tan cruciales, ya que entre todos podremos minimizar las consecuencias de esta pandemia que está castigando también a nuestra provincia".
"Mediante este acuerdo estrechamos aún más nuestra relación con Fibico, y ponemos nuestro granito de arena para contribuir en ese imprescindible trabajo que esta entidad está llevando a cabo en esta complicada situación que estamos viviendo", ha señalado Ruiz.
Esta aportación para la lucha contra el Covid-19, canalizada a través de Fibico, proporcionará recursos materiales adecuados a las empresas de nuestra provincia que, de manera altruista, colaboran con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) en la fabricación de todos los productos necesarios para su posterior distribución a través de la red sanitaria.
La Diputación de Córdoba, en base a lo regulado en el artículo 27 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, puede ejercer actuaciones de protección de la salud de la población mediante actividades y servicios que actúen sobre los riesgos presentes en el medio y en los alimentos, a cuyo efecto se desarrollarán los servicios y actividades que permitan la gestión de los riesgos para la salud que puedan afectar a la población.
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