El Tribunal Constitucional (TC) declaró hoy inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto, requerimiento que fue presentado por la coalición oficialista Chile Vamos.
El pronunciamiento, con ocho votos a favor y dos en contra, permitirá que las clínicas privadas pueden negarse a realizar abortos -declararse objetores de conciencia- pese a que mantengan convenios con el Estado en ese sentido.
"La sentencia será expedida y notificada a más tardar el 8 de enero de 2019 dentro de los plazos que establecen nuestra ley orgánica constitucional", detalló la secretaria abogada del TC, Mónica Sánchez.
La presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe dijo a los periodistas que esta determinación es "un triunfo para el país y para quienes creemos en la vida".
En tanto, el diputado del mismo colectivo e integrante de la Comisión de Salud de esa cámara, Jaime Bellolio calificó la decisión del organismo como una "muy buena noticia" y aseguró que ninguna prestación de las tres causas está en riesgo.
"Lo único que estaba en riesgo, si se aplicaba (la prestación) era lo que la Contraloría había ordenado", añadió el legislador.
Bellolio hacía alusión a la posición de esa entidad, del pasado 9 de mayo, en la que precisó que "los establecimientos públicos chilenos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".
El presidente de la Comisión de Salud, el diputado socialista Juan Luis Castro, se manifestó molesto con la decisión del TC y anunció que repondrá un proyecto de su autoría para restringir a las clínicas que tienen convenios con el Estado.
"Esto es un balde de agua fría para miles de mujeres en Chile. La letra chica y la controversia por el reglamento, que es la llave de aplicación de las leyes, hace que por primera vez un Gobierno en Chile no defienda su propio reglamento y además lo deje caer estrepitosamente", añadió Castro.
Indicó que "ni el presidente (Sebastián) Piñera ni el Gobierno nunca tuvo interés en que hubiera una separación clara entre quienes reciben dineros del Estado siendo ellos clínicas privadas o Instituciones de Salud Previsional (Isapres), y a la vez se niegan a acatar una ley de la República".
Tras dos años de tramitación, el 3 de agosto de 2017, Chile aprobó la histórica ley enviada por la expresidenta Michelle Bachelet que despenaliza el aborto en tres supuestos: en caso de inviabilidad fetal, peligro de vida para la mujer y embarazo por violación.
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