Estoy convencido de que el empeño que ponen cada año los partidos políticos en defender sus posiciones ante la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado es inversamente proporcional al interés que suscita esta misma cuestión entre la ciudadanía, entre otras cosas porque poco parece cambiar de un ejercicio a otro: el Gobierno los defiende como su mejor contribución al desarrollo de nuestro territorio y la oposición los critica por su innata capacidad para decepcionarnos.
Pese a entorno tan previsible y a la sensación de que podemos terminar hablando de flores y moscas ante el escaso margen de probabilidades de que el documento mismo salga adelante, hay ciertos matices este año que han impedido la rutina, como si alguien hubiese agitado las hojas que sostienen las cifras del documento y dejado al desnudo algunas de sus debilidades; al menos en Andalucía, donde hasta el presidente de la CEA, Javier González de Lara, alguien nada sospechoso, ha levantado la voz contra la persistente injusticia que refleja un presupuesto que vuelve a situarnos en desigualdad de condiciones frente a nuestros vecinos del norte.
Esa voz, que sonó como un portazo en la misma cara de Mariano Rajoy -cusiosamente en Sevilla, de convención y plantador de encinas, en ese momento-, tiene además el valor del que carecen las críticas políticas: no busca votos, sino que reivindica realidades de la mano de inversiones productivas y, por supuesto, un principio de equidad territorial que vuelve a quedar en entredicho, oculto tras las cortinas de los despachos del Ministerio de Hacienda, como quien esconde con urgencia a su amante sin tener en cuenta todas las sospechas despertadas con el paso del tiempo.
Que el sector empresarial andaluz plante cara al Gobierno central del PP tiene el mismo impacto que la primera huelga general convocada en los 80 por UGT contra el Gobierno de Felipe González; en ambos casos puede interpretarse como el hijo que desaira al padre, pero en algún momento tenía que llegar, sobre todo si el padre ha terminado por olvidar que lo era. Y ya no solo se trata de Andalucía, sino de la provincia de Cádiz: algo huele a podrido en los PGE cuando el primer mensaje que nos lanzó el Gobierno fue resaltar que eran los “presupuestos más sociales” de los últimos años... o de la historia, qué más da que da lo mismo, como si se tratara de un encantamiento mágico que calmara las calles por un momento.
Y no, no era eso lo que en realidad esperábamos escuchar. Ni los 28,5 millones para el corredor ferroviario, ni los dos millones para Tres Caminos, ni el millón de euros para la Vejer-Algeciras, por citar algunas infraestructuras primordiales que, en el caso de estas dos últimas, seguirán en estado embrionario, casi una excusa para hacer figurar su nombre en el documento. También han llegado a incluir los 18 millones de euros para el desdoble entre Dos Hermanas y Los Palacios, porque en un futuro nos beneficiaremos de esa autovía, aunque por esa regla de tres también podrían hacer lo mismo con las obras en Barajas, porque se beneficiarán los pasajeros de los vuelos que salen de Jerez.
Ya les digo que nunca me creo que los PGE sean tan buenos como los venden unos, ni tan malos como los interpretan otros, como si se tratara de coger un atajo para impedirnos conocer el bosque, pero nunca hasta ahora habíamos visto al sector empresarial forjar un frente común en defensa de los intereses de la provincia a causa de un proyecto presupuestario y tomando como punto de partida, de una vez por todas, el concepto de igualdad, al menos desde el punto de vista de las inversiones productivas, que son las que deben contribuir a la generación de empleo y riqueza y que, en este caso, no están alentadas por un capricho -¿lo fue el segundo puente de Cádiz?-, sino por un proyecto concreto, el del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, que todos sitúan y reconocen como fundamental para las posibilidades de futuro del puerto de Algeciras, que son también las de la provincia y las de Andalucía.
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